Entre septiembre y octubre de 2025, Ecuador vivió 31 días de movilizaciones tras la decisión del Gobierno de eliminar el subsidio al diésel. Si bien la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) convocó a un paro nacional, las protestas se centraron en Imbabura y Pichincha.
Esta focalización del paro se evidencia en los casos penales que se abrieron por los enfrentamientos violentos entre manifestantes y agentes de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y otros supuestos desmanes.
En total, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que por el paro 2025, en todo el país se abrieron 140 causas penales. De estas, el 64% se concentró en Imbabura y Pichincha.
Además, otro 20% de los procesos se abrió en Carchi, Loja y Azuay. El 16% restante, en cambio, está en Chimborazo, Sucumbíos, Cañar, Cotopaxi, Bolívar, Zamora Chinchipe, Tungurahua, Santo Domingo, Los Ríos y Orellana. En las otras nueve provincias no hay casos.
Policías y militares, bajo la lupa
Respecto a los supuestos delitos que la Fiscalía está investigando, 80 causas —que representan un 57% del total— son por paralización de un servicio público, como las carreteras. Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), este tipo penal se sanciona con penas que van de uno a tres años de cárcel.
También hay 11 investigaciones por supuesto daño a bien ajeno, que se sanciona con penas de dos a seis meses de cárcel.
Durante las manifestaciones, la Conaie y organizaciones de defensa a los derechos humanos denunciaron una represión excesiva por parte de los agentes policiales y militares La Fiscalía ha abierto 10 causas para investigar estos señalamientos.
Si bien, por estar en etapa reservada, no se puede conocer cuántos militares y policías están bajo investigación, los datos revelan que las investigaciones se llevan en Imbabura (cinco casos), Pichincha (tres), Loja (uno) y Chimborazo (uno).
Además, la Fiscalía investiga no solo tipos penales relacionados con protestas sociales sino también delitos comunes, pero que se cometieron en el contexto del paro. Por ejemplo, hay procesos por secuestro (ocho), robo (cuatro), asociación ilícita (dos) y una muerte culposa.
Durante el mes de movilizaciones, el Gobierno calificó a los detenidos como «terroristas». Sin embargo, los datos oficiales marcan que solo se abrieron siete causas por supuesto terrorismo, lo que representa únicamente el 5% del total.