El Congreso de Perú citó al exjefe de la Oficina Legal y Constitucional, Jorge Torres, para declarar sobre su presunta vinculación con una red de prostitución interna en el Legislativo, según un reportaje televisivo del programa «Beto a Saber».
El reportaje señala que Torres, cercano al partido derechista Alianza Para el Progreso (APP), habría organizado una red de trabajadoras contratadas para otorgar favores sexuales a parlamentarios. Una extrabajadora, cuya identidad no fue revelada, afirmó que «ellas eran contratadas como personajes del bajo oficio para ofrecer favores a cambio de beneficios», incluso señalando supuestas visitas al expresidente del Congreso Alejandro Soto, quien negó las acusaciones.
El escándalo escaló con el asesinato de Andrea Vidal, exasesora y mano derecha de Torres. Vidal, de 28 años, murió el 17 de diciembre tras ser baleada junto con el chofer del taxi en el que viajaba. Según el reportaje, Vidal habría sido la encargada de reclutar a las mujeres para esta presunta red, y se especula que su muerte podría estar vinculada al caso.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, calificó la situación como grave y aseguró que el caso debe ser investigado a fondo, considerando la posible relación entre el supuesto delito de explotación sexual y el asesinato de Vidal.
Reacciones y declaraciones
Torres, quien fue cesado de su cargo el 13 de diciembre, tres días después del ataque a Vidal, negó las acusaciones: «(Lo) niego rotundamente y pido que tanto la fiscalía como la comisión de Fiscalización investiguen», dijo a la prensa.
Por su parte, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, lamentó lo ocurrido: «Jamás en mi vida de parlamentario me imaginé atravesar una situación de esta naturaleza», expresó.
El caso también está siendo investigado por la fiscalía peruana por el presunto delito de explotación sexual en agravio de mujeres aún no identificadas.
El Congreso y la fiscalía enfrentan un caso que no solo pone en entredicho la integridad de la institución legislativa, sino que también expone las consecuencias graves de la explotación sexual y la violencia. El resultado de las investigaciones será clave para determinar responsabilidades y esclarecer las posibles conexiones entre los delitos denunciados.