El régimen de Nicolás Maduro retiene a ciudadanos de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Perú y Uruguay como parte de una estrategia para negociar su salida del poder en caso de crisis política.
Esta medida se enmarca dentro del creciente caos político en Venezuela, exacerbado por el fraude electoral de las presidenciales del 28 de julio, en las que se alega que los opositores Edmundo González Urrutia y María Corina Machado fueron los ganadores.
Según informes de fuentes diplomáticas, el régimen venezolano teme que la situación política interna se descontrole y, en tal caso, estaría dispuesto a liberar a los ciudadanos secuestrados a cambio de un «salvoconducto» que le permita abandonar el país con destino a Cuba o Rusia.
El régimen de Maduro ha utilizado esta táctica en el pasado. En 2021, el régimen canjeó al testaferro Alex Saab, detenido en Cabo Verde y extraditado a los Estados Unidos, por la liberación de diez ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela.
Según un informe confidencial del gobierno argentino, hay al menos 20 ciudadanos extranjeros detenidos bajo acusaciones de terrorismo o conspiración, sin pruebas que respalden tales cargos. Entre los detenidos se encuentran dos turistas españoles, José María Basoa y Andrés Martínez, quienes fueron acusados de ser miembros de los servicios de inteligencia de España, a pesar de que no hay evidencia.