Tras su éxito en reducir la violencia de las pandillas, Nayib Bukele busca posicionar a la minería como un motor económico clave en El Salvador.
El mandatario ha solicitado al Congreso, dominado por su partido, la derogación de la prohibición de la minería metálica vigente desde 2017. Según Bukele, el país cuenta con yacimientos de oro con alta densidad por kilómetro cuadrado, lo que representa una oportunidad económica única para incrementar el Producto Interno Bruto (PIB) y reducir la pobreza.
En su propuesta, Bukele destacó que estudios preliminares han identificado más de 50 millones de onzas de oro valoradas en USD de 131 565 millones de dólares, lo que equivale al 380% del PIB salvadoreño.
«Si hacemos una explotación responsable de nuestros recursos naturales, podemos cambiar la economía de El Salvador de la noche a la mañana», afirmó el presidente.
Polémica por impacto ambiental y social
Las declaraciones del mandatario han desatado una ola de protestas lideradas por activistas, organizaciones religiosas y ONGs. Estas alertan sobre los riesgos ambientales y sociales de reactivar la minería en un país densamente poblado, con reservas de agua limitadas y una alta vulnerabilidad ambiental.
Pedro Cabezas, activista de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería, advirtió que abrir minas en zonas como Chalatenango podría causar daños irreparables en las reservas forestales y en la cuenca del río Lempa, que abastece de agua a gran parte de la población. Por su parte, Antonio Pacheco, de la ONG ADES, subrayó que la contaminación y el agotamiento del agua serían inevitables, lo que agravaría las condiciones de vida de los salvadoreños.