El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, promulgó este viernes, 29 de noviembre de 2024, una ley que castiga con pena máxima de 30 años de cárcel el respaldo a sanciones internacionales contra el país, un día después de que fuese aprobada por el Parlamento, controlado por el chavismo.
«¡Ejecútese desde este mismo momento!», dijo Maduro tras firmar la legislación en un acto transmitido en cadena de radio y televisión.
La nueva ley fue aprobada el jueves entre recrudecidas tensiones por la reelección de Maduro para un tercer mandato consecutivo (2025-2031), que la oposición liderada por la exdiputada María Corina Machado denuncia como un fraude y reivindica el triunfo del candidato Edmundo González Urrutia.
«Toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde o participe en la adopción de medidas coercitivas (…) será sancionada con prisión de 25 a 30 años».Ley aprobada por Asamblea chavista
La norma estipula además inhabilitaciones de 60 años para ejercer cargos públicos a dirigentes que las apoyen y multas equivalentes a entre USD 100.000 y USD 1.000.0000.
Los acusados podrán ser juzgados en ausencia.
Asimismo, tampoco podrán competir en elecciones quienes «hayan promovido, instigado, solicitado, invocado, favorecido, respaldado o participado en la adopción o ejecución» de «acciones armadas o de fuerza, así como ataques cibernéticos» contra el país, sus instituciones o autoridades, muchas de ellas sancionadas por otros países.
Los medios de comunicación que difundan cualquier tipo de mensajes que promuevan sanciones o medidas que «afecten a la República Bolivariana de Venezuela» también serán multados con la misma cantidad y podrían ser castigados con la salida de circulación o del espectro radioeléctrico, dependiendo de la plataforma que sea el caso.
La Ley considera crímenes de lesa humanidad a las sanciones internacionales, luego de que el país recibiese más de 900 medidas de este tipo en la última década, principalmente por parte de Estados Unidos, según los datos del Gobierno.
Es «una ley para hacer justicia, una ley para defender a Venezuela y para vencer, como estamos venciendo y venceremos, todas las amenazas, todos los bloqueos, del imperialismo norteamericano y sus países satélites», expresó Maduro.
La Ley Libertador Simón Bolívar, impulsada por el Parlamento venezolano, responde a un proyecto de ley bipartidista aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos el pasado 18 de noviembre para fortalecer las sanciones contra Venezuela. El texto aún necesita la luz verde del Senado y la firma del presidente para entrar en vigor.
La legislación en discusión en el Congreso estadounidense, denominada oficialmente Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Venezolano Ilegítimo (BOLIVAR por sus siglas en inglés), veta contratos con personas que tengan negocios con el gobierno de Maduro, considerado «ilegítimo» por Washington.