Las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) deben mantenerse en sus cargos hasta ser legalmente reemplazados. Este fue el criterio de la Procuraduría General del Estado (PGE) con respecto al procedimiento a seguir, una vez que el periodo de seis años para el que fueron seleccionados termine el 20 de noviembre de 2024.
El pasado 7 de noviembre, el CNE consultó si los vocales, así como el vicepresidente, Enrique Pita, y la presidenta, Diana Atamaint, quedan prorrogados en sus funciones hasta que se elija a los nuevos representantes. Su permanencia, según la Procuraduría, responde al proceso electoral en marcha.
En el oficio de respuesta, la entidad explica que, al no concluirse el concurso público de méritos y oposición para la renovación parcial de las y los consejeros del CNE, y al estar la institución inmersa en el cumplimiento del calendario de las Elecciones Generales de 2025, «el órgano electoral debe contar con sus representantes».
Sobre los funcionarios del nivel jerárquico superior, la Procuraduría apeló al Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, que indica que, para garantizar la continuidad de las funciones institucionales, las autoridades no podrán separarse de sus cargos hasta ser legalmente reemplazadas