La estrategia del Gobierno para luchar contra el crimen organizado y la violencia se centra en la aplicación de estados de excepción a escala nacional o focalizados, con el fin de restringir ciertos derechos y permitir la actuación de las Fuerzas Armadas, complementando así el trabajo de la Policía Nacional.
Sin embargo, la Corte Constitucional (CC) ha puesto un freno a esta medida, argumentando que el Ejecutivo ya cuenta con los instrumentos jurídicos necesarios para enfrentar la criminalidad.
El viceministro de Gobierno, Esteban Torres, expresó que la guerra contra el crimen no ha terminado y que los decretos de este tipo proporcionan protección jurídica a las fuerzas del orden para realizar su trabajo. «Apelaremos nuevamente a la sensibilidad de la Corte Constitucional para que los Decretos de Excepción necesarios prosperen y nos permitan continuar en esta batalla,» dijo Torres.
En Ecuador está vigente la declaratoria de conflicto armado interno desde enero de 2024. Sin embargo, las muertes violentas, secuestros y otros crímenes persisten. El último decreto que la Corte dio de baja fue el 275, del 22 de mayo de 2024, que declaraba la excepcionalidad en las provincias de Guayas, El Oro, Santa Elena, Manabí, Sucumbíos, Orellana y Los Ríos, así como en el cantón Ponce Enríquez, en la provincia de Azuay.
Este decreto solo restringía dos derechos: la inviolabilidad del domicilio y de correspondencia, permitiendo que los uniformados pudieran ingresar a propiedades privadas sin necesidad de una orden judicial.