La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, ha reaccionado a su presunta vinculación al caso «Nene», en el que se investiga el delito de tráfico de influencias por parte de su hijo Sebastián Barreiro, calificando la situación como una «persecución política».
El pasado lunes, el fiscal Carlos Alarcón informó que el denunciante de Barreiro había sido contratado en la Vicepresidencia por disposición directa de Abad. Además, mencionó tener información telefónica que señalaba la presunta participación de la funcionaria en el caso, motivo por el cual la investigación se trasladó a la Unidad de Fuero de Corte Nacional para procesar a la vicepresidenta.
No obstante, la noche del lunes 10 de junio de 2024, Abad declaró en una entrevista con Unsión Televisión que su vinculación al proceso penal “no es cierta”, ya que hasta el momento no ha sido notificada oficialmente. Afirmó: “No estoy vinculada a nada ni mi hijo ha sido sentenciado en nada. Es un claro uso de la parte judicial para politizar y para tener los fines que se procura en toda esta persecución claramente política”.
Abad añadió que no existen pruebas necesarias para implicarla y que cree que el objetivo de estas acusaciones es removerla de la Vicepresidencia. Por ahora, se sabe que la Fiscalía ha solicitado fecha y hora a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para procesar a Abad presuntamente por el delito de concusión, según informa la cadena Ecuavisa.
Para que el proceso penal avance, la Corte necesita la autorización de la Asamblea, debido a la inmunidad que tiene la vicepresidenta. En el Legislativo se requerirán 92 votos para proceder con la vinculación. Actualmente, Abad no ha sido notificada, probablemente porque falta este permiso.
En caso de que la Asamblea acepte el procesamiento de Abad, podrían dictarse medidas cautelares como prisión preventiva o presentaciones periódicas. Esto podría resultar en el incumplimiento de funciones, impidiéndole asumir la presidencia en reemplazo de Noboa.