Un informe de la Contraloría General del Estado reveló irregularidades en dos contratos de seguridad firmados por la Empresa Pública Metro de Quito entre 2018 y 2023.
Estos contratos, destinados a la vigilancia y seguridad privada, fueron establecidos el 18 de octubre de 2019 y el 7 de mayo de 2021, durante la administración de Jorge Yunda.
Las anomalías incluyen la falta de presentación de documentos que certifiquen la experiencia y formación académica de los guardias por parte de las empresas contratadas. Además, la Empresa Metro de Quito no verificó la homologación de los equipos de trabajo necesarios.
La Contraloría también denunció la modificación de los términos de referencia para reducir la experiencia mínima de los guardias de 24 meses en cinco años a 24 meses en diez años.
Asimismo, se omitieron requisitos importantes como el tipo de armas eléctricas, certificados de salud, salud mental y antecedentes penales de los guardias.
En términos logísticos, se encontraron fallos en la especificación del número de uniformes, carnés laborales y la ubicación de las oficinas de las empresas contratadas. Algunas empresas ni siquiera presentaron la documentación que certifique su dedicación a esta actividad.