Jamás favoreceremos a proveedores del Estado que tengan vínculos con el crimen organizado.
En este país, han estado acostumbrados a que el Estado les financie, les deje pasar, les eche una mano. Son 171 millones los que el proveedor de alimentos de las cárceles del país ha acumulado desde 2015. 171 millones que, de comprobarse la vinculación a los actos ilícitos presentados hoy en la denuncia a la Fiscalía, habrían sido destinados a financiar a estas organizaciones criminales.
Los gobiernos anteriores entregaron el Ecuador a estos delincuentes por años, acostumbrándolos a otro tipo de política. Hoy se sienten amenazados y se empeñan en obstaculizar el progreso de este gobierno que, al fin, los llama por lo que son: narcopolíticos. Acotó el presidente Daniel Noboa.