La Comisión de Fiscalización de la Asamblea aprobó el informe sobre la crisis energética nacional. El documento señala la responsabilidad del expresidente Guillermo Lasso, el exministro de Energía, Fernando Santos y el exministro de Economía, Pablo Arosemena.
Entre las conclusiones está que la crisis energética de 2023 generó un alto costo para el país. Las pérdidas, dice el documento, superan los USD 400 millones para sectores productivos y más de USD 230 millones para el sector público.
Todo eso, según Fiscalización, por la importación de energía desde Colombia. Ese acudo ha generado varias críticas porque, durante el gobierno anterior, se pactó el costo a 60 centavos de por kilovatio, cuando la tarifa en Ecuador es de nueve centavos.
La mesa legislativa también señaló que hubo inobservancia de las alertas emitidas por el Operador Nacional de Energía (CENACE) y la Corporación Nacional de Electricidad (CENEL EP), sobre los efectos del estiaje.
Fiscalización menciona en su investigación que, ante dichas alertas, “la respuesta de las autoridades fue nula o tardía, pues jamás se dio la contratación de gas para la Termoeléctrica Machala”.
El informe fue remitido a la Contraloría para que, “en el marco de sus competencias constitucionales y legales, establezca las posibles responsabilidades civiles, administrativas y de orden penal por el mal manejo del sector eléctrico”.