Fueron liberados todos los funcionarios penitenciarios que permanecían retenidos por los presos en varias cárceles de Ecuador, tras la crisis que empezó el pasado domingo cuando alias Fito desapareció de su prisión en Guayaquil.
El presidente de la República, Daniel Noboa, confirmó la noticia la noche de este sábado 13 de enero, a través de un mensaje difundido en redes sociales.
«Felicitaciones a la labor patriótica, profesional y valiente de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y el SNAI bajo el liderazgo de la ministra Mónica Palencia y Gian Carlo Loffredo por lograr la liberación del cuerpo de seguridad y vigilancia penitenciario y el personal administrativo retenido en los Centros de Privación de Libertad de Azuay, Cañar, Esmeraldas, Cotopaxi, Tungurahua, El Oro y Loja», escribió el primer mandatario.
Asimismo, en la cuenta oficial de la Presidencia se destacó «el gran trabajo de las Fuerzas del Orden» que ha dado como resultado la liberación exitosa de todos los rehenes a escala nacional.
En un balance previo, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) había señalado que permanecían retenidos 133 vigilantes y tres empleados administrativos después de la liberación este mismo sábado de 41 personas, tras gestiones en las que colaboró la Iglesia Católica.
No obstante, el SNAI además reportó el sábado la muerte de un custodio por enfrentamientos con presos en la provincia de El Oro.
La oleada de violencia empezó tras conocerse la intención del Gobierno de poner en marcha su plan para recuperar el control de las cárceles, muchas de ellas dominadas por bandas criminales.
Además, luego de la fuga de Adolfo Macías, alias «Fito», cabecilla de la principal banda criminal del país conocida como «Los Choneros», le siguió una arremetida violenta: 19 muertos, motines en las cárceles, funcionarios de prisiones retenidos por presos, policías secuestrados, fuga de reos, ataques con explosivos y vehículos incendiados.
Desde entonces, las fuerzas del orden han movilizado unidades militares y policiales a escala nacional, siguiendo las directrices de los Decretos Ejecutivos 110 y 111 firmados por el presidente Noboa, quien declaró un «conflicto armado interno» ante el crimen organizado.