El presidente Daniel Noboa envió las preguntas de la consulta popular a la Corte Constitucional, para que se realice el control de constitucionalidad que establece la Carta Magna.
Las preguntas están relacionadas con la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia y endurecimiento de penas para los responsables del crimen organizado, entre otras cosas.
Según la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la Corte tiene un plazo de 20 días para pronunciarse sobre el pedido planteado por el Presidente de la República.
En ese tiempo, la Corte deberá verificar que las preguntas -que se plantearán a los ciudadanos- cumplan con los parámetros fijados en el artículo 105 de la norma:
- La formulación de una sola cuestión por cada pregunta, salvo que exista una interrelación e interdependencia entre los distintos componentes normativos.
- La posibilidad de aceptar o negar varios temas individualmente en la misma consulta. Se prohíbe la aprobación o rechazo en bloque.
- La propuesta normativa no esté encaminada a establecer excepciones puntuales que beneficien un proyecto político específico.
- La propuesta normativa tenga efectos jurídicos y modificaciones al sistema jurídico.
Si la respuesta de la Corte es positiva, el mandatario podrá emitir el Decreto Ejecutivo que permitirá disponer la convocatoria al Consejo Nacional Electoral (CNE), según lo determina la Constitución en el artículo 104.