El pedido de juicio político en contra de la fiscal general Diana Salazar pasó el primer filtro. El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó la petición presentada por el correísmo. Ocurrió este 7 de diciembre después de que se presentó un pedido de cambio para el orden del día de la sesión del CAL.
El presidente del legislativo, Henry Kronfle (PSC), explicó que lo que se trató fue la subsanación de una prueba presentada por la interpelante, Gissella Garzón (Revolución Ciudadana). Después de eso fue calificada la petición, pero entrará a trámite como cualquier otro juicio. Eso, según Kronfle, significa que estará a la cola del resto de interpelaciones que tiene en trámite la Comisión de Fiscalización.
Hay al menos cinco procesos de la anterior legislatura. Entre ellos el del expresidente Guillermo Lasso que terminó con una resolución del Pleno. Además, están tratándose los relacionados con el exsecretario de Seguridad, Diego Ordóñez, vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del exministro de Transporte de Lasso, Darío Herrera.
A estos se suman aquellos presentados en el actual periodo extraordinario de la Asamblea. Además del de la Fiscal General, están en marcha los de los exministros Fernando Santos (Energía) y Juan Zapata (Interior).
A las 12:09 de hoy, la Fiscalía se pronunció sobre la calificación del pedido. En un comunicado publicado en la red social X se lee que el 4 de diciembre pasado, la Unidad de Técnica Legislativa emitió un informe del que se desprende que la solicitud no está enmarcada en los lineamientos constitucionales del debido proceso, en especial, «lo relacionado con el anuncio probatorio».
En el pronunciamiento se resalta un párrafo del informe de la Unidad Técnica Legislativa respecto al pedido de testimonios por parte de operadores de justicia; pero sin especificar que dichos testimonios versarían sobre el supuesto incumplimiento de funciones de la Fiscal.
El pasado 27 de noviembre, Garzón comunicó la intención de interpelar a Diana Salazar. En su cuenta de X escribió: «La crisis de seguridad que vive el país requiere funcionarios que den respuestas, que asuman su rol y lo cumplan, si esto no pasa, corresponde ejercer el rol de fiscalización y control político desde la Asamblea Nacional”.
Una vez que el proceso de la Fiscal llegue a Fiscalización, esa mesa deberá sustanciar el proceso. Puede llamar a autoridades y recopilar pruebas documentales. Con eso emitirá un informe que pasará al Pleno con una recomendación sobre si se debe o no llamar a juicio político a Salazar.
El correísmo tiene cuatro de nueve votos posibles en esa mesa legislativa. Aunque son mayoría, necesitan al menos un voto más para aprobar sus informes.