La noche del 7 de noviembre de 2023 se hizo público el decreto emitido por el presidente Guillermo Lasso en el que amplía la seguridad para expresidentes, exvicepresidentes y sus cónyuges. Esa decisión llega a menos de un mes de que deje el cargo y se contradice a la postura que defendió cuando estuvo fuera del poder e incluso a un documento que él mismo firmó en agosto de 2021.
Expertos en la materia explican que la seguridad de los exmandatarios debería decidirse bajo un criterio técnico y no por intereses particulares o políticos.
No es la primera vez que un presidente se blinda antes de dejar el cargo, ya lo hizo Correa
Algo muy similar ocurrió en mayo de 2017, cuando al entonces presidente Rafael Correa le quedaban unos 20 días en el poder. En esa ocasión, emitió un decreto ejecutivo que modificaba otro de 2010 sobre las atribuciones del servicio de protección presidencial. Es decir, estableció que el expresidente goce de protección estatal por un año y el exvicepresidente, por seis meses. El decreto incluía a sus cónyuges e hijos.
En ese documento, Correa establecía que “es deber del Estado ofrecer un esquema de seguridad a los expresidentes y exvicepresidentes”. Además, añadía que esa es una manera de “asegurar una transición adecuada hacia su vida personal y familiar (de las exautoridades)”.
En ese momento hubo reacciones de varios sectores que cuestionaron la decisión de Correa porque criticaban el uso de recursos públicos para ese objetivo.
Guillermo Lasso nuevamente se contradice
Apenas se iniciaba en el cargo de Presidente de la República, Guillermo Lasso decidió reformar la protección y seguridad a expresidentes y exvicepresidentes, para que se especifique su vigencia únicamente dentro del país.
Incluso aseguró que esa decisión se tomaba porque «los recursos de los ecuatorianos se respetan», haciendo alusión a los costos que representa para el Estado generar una cápsula de seguridad en el exterior.