El Gobierno Nacional presentó un proyecto de Ley Orgánica de Recursos Hídricos, que se anunció en un momento en que también la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) presentó una Ley de Aguas, ambas según sus autores encaminadas a proteger el recurso.
Las dos propuestas legislativas buscan sustituir a la norma actual, vigente desde 2014 y anulada por la Corte Constitucional en una sentencia de 2015 que admitió la demanda presentada por la Conaie, al haber incumplido con consultar el texto de la ley a las comunidades indígenas que se podían ver afectadas.
El presidente de la República, Guillermo Lasso, presentó su propuesta en un acto celebrado en Latacunga, donde aseguró que el proyecto normativo ha sido construido de forma participativa.
«En el Gobierno del Ecuador hacemos las cosas bien y con recta intención. Este anteproyecto de ley de agua es un paso más para tener una ley moderna e innovadora», aseguró.
«Queremos un agua de calidad, que se la use de manera inclusiva y con responsabilidad», añadió al recordar que el país dispone de unas 174.000 hectáreas de áreas hídricas protegidas y que aspira a que en 2025 esa superficie aumente a 284.000 hectáreas.
Además, el Ejecutivo garantizó que el cuerpo legal elaborado por el oficialismo garantiza «la no privatización del agua» como temen las organizaciones sociales, especialmente las indígenas.
El anteproyecto del Gobierno fue elaborado con la contribución de unas 4.800 organizaciones e instituciones, incluidas comunidades indígenas.