El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) señaló que solicitará la revocatoria de una medida cautelar otorgada por un juez de La Concordia (Santo Domingo de los Tsáchilas) a favor de un preso condenado a 24 años de prisión por sicariato.
En un comunicado, reiteró su llamamiento a los organismos de justicia para orientar sus actuaciones hacia el fortalecimiento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social.
De su lado, la Fiscalía General del Estado (FGE) reiteró su preocupación por este tipo de decisiones, «ya que considera que es un abuso de los recursos constitucionales por parte de ciertos condenados, y que la valoración de los jueces está apartada de la objetividad que toda decisión judicial amerita».
Así lo señaló en un comunicado ante la concesión de la medida cautelar autónoma en favor de Wilson Vinicio Ruiz Torres, por parte del juez Ángel Lindao.
El magistrado ya ha sido cuestionado por otros polémicos fallos.
En noviembre pasado, por ejemplo, resolvió suspender la destitución de los cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que habían sido censurados por la Asamblea Nacional.
Y en junio de 2022 determinó que la Secretaría Técnica de la Gestión Inmobiliaria (Inmobiliar) debía devolver dos bienes a Leandro Norero, un narcotraficante y presunto financista de organizaciones criminales.
La FGE recordó este sábado 21 de enero de 2023 que el hombre se encontraba condenado a 24 años de privación de la libertad «por el delito de sicariato ya que se probó -más allá de toda duda razonable- que participó en la muerte» del concejal principal Patricio Guaranga, hecho suscitado el 14 de julio de 2019, en Riobamba.