Desde 2010, el Estado asignó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) $142 millones. El 96,94% de ese montó se destinó para gastos en burocracia, 0,29% para promoción, 1,10% para designar autoridades, 1,67% en consultorías, y para activar acciones contra la corrupción, el porcentaje asignado es del 0,00%.
Este es uno de los argumentos que constan en los anexos de la pregunta 6 que el Ejecutivo plantea someter a consulta popular en caso de ser calificada por la Corte Constitucional (CC). El Cpccs es una entidad pública que actualmente designa a 77 autoridades.
¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Cpccs e implementar procesos que garanticen meritocracia, colaboración y control de diferentes instituciones, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el Cpccs y a sus consejeros, enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 6?, dice el texto de la pregunta.
Karen Sichel, secretaria jurídica de la presidencia de la República, dijo que en los regímenes democráticos, los que designan autoridades son quienes tienen legitimidad democrática y son elegidos: el Presidente de la República o la Asamblea. Por ejemplo, en el caso de la Fiscalía, el Ejecutivo planteará al Legislativo una terna donde se elegirá a la autoridad tras un proceso de escrutinio público.
Para Sichel, el Cpccs amerita una modificación constitucional-estructural. “Esta enmienda no puede esperar más; la propuesta es tan firme que se puede desprender de cualquier oportunismo político”. La funcionaria calificó al Cpccs como la “joya de la corona del régimen correísta”, que fue usada para implementar un modelo de control que no existe en ningún país del mundo.
Esta institución fue creada por “maestros del marketing” que equivale al denominado “consejo moral” de Venezuela. “Pusieron nombres muy bonitos a instituciones que concentran el poder”, señaló.