La misión independiente de la ONU creada para investigar la invasión a Ucrania confirmó este viernes, 23 de septiembre de 2022, que Rusia ha cometido crímenes de guerra que incluyen ejecuciones sumarias o violencia sexual contra niños, ante lo que la delegación ucraniana pidió crear un tribunal que juzgue estos abusos al más alto nivel.
El presidente de la misión, Erik Mose, compareció este 23 de septiembre por primera vez ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que aprobó esta investigación en marzo, para enumerar una larga lista de crímenes de guerra en el área que por ahora han estudiado (las zonas de Kiev, Járkov, Chernihiv y Sumi).
«Nos ha impresionado el gran número de ejecuciones perpetradas en las áreas que hemos visitado», subrayó el experto noruego, quien indicó que se han identificado estos asesinatos en al menos 16 localidades, con pruebas tales como manos atadas a la espalda de las víctimas, tiros en la cabeza o gargantas degolladas.
Abusos sexuales, torutas y ataques explosivos
Especialmente gráfica fue su mención de abusos sobre niños, «en algunos casos violados, torturados y detenidos ilegalmente», y sobre delitos de violencia sexual cometidos por soldados rusos «en los que la edad de las víctimas oscila entre los cuatro y los 82 años», en ocasiones forzando a sus familiares a ser testigos de los abusos.
Mose también citó como ejemplos de posibles crímenes de guerra las torturas en centros de detención ilegal, tales como palizas, descargas eléctricas y desnudez forzada, en ocasiones en zonas del territorio ruso a los que fueron forzosamente transferidas las víctimas.
Otros crímenes de guerra incluyen ataques con armamento explosivo sobre áreas residenciales, escuelas u hospitales, en los que según la ONU han muerto unos 6 000 civiles, una estrategia «que explica por qué un tercio de la población ucraniana se ha visto obligada a huir», según el jefe de la misión.
Ésta, formada también por el colombiano Pablo de Greiff y la bosnia Jasminka Dzumhur, visitó Ucrania en junio de 2022.
Sus equipos de investigación también estuvieron en julio y agosto en el país, principalmente en zonas liberadas por las tropas ucranianas tras la inicial ofensiva rusa de febrero y marzo, los meses objeto de esta investigación preliminar.
En rueda de prensa posterior a la presentación del informe ante el Consejo, los tres miembros de la misión insistieron en que los crímenes de guerra documentados fueron perpetrados por invasores rusos, aunque también confirmaron al menos dos casos de maltrato a soldados de ese país por parte de fuerzas ucranianas.
También subrayaron, respecto a las acusaciones de violaciones de derechos humanos por parte de fuerzas ucranianas en zonas controladas por tropas rusas como el Donbás, que no han podido acceder a esos territorios, por la negativa de Rusia, expulsada del Consejo de Derechos Humanos en abril, a colaborar con la misión.
Tribunal para juzgar los crímenes de guerra
Tras el informe oral de la misión, que presentará un documento completo de sus investigaciones en la sesión del Consejo de marzo de 2023, la delegación ucraniana pidió ante el mismo órgano de la ONU la creación de un tribunal específico para juzgar los crímenes de guerra rusos durante la invasión.
«Si estos actos de agresión por parte de un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU no son respondidos, nos hundiremos en un oscuro mundo de impunidad y permisividad», afirmó el embajador extraordinario ucraniano, Anton Korinevich, quien aseguró que las atrocidades rusas «no se habían visto en Europa en décadas».
El diplomático comparó la brutalidad de los crímenes del régimen de Putin en Ucrania con los cometidos en conflictos como los de la antigua Yugoslavia, Ruanda y la República Democrática del Congo, y pidió a la misión de la ONU que siga trabajando para garantizar que, como en esas guerras, «no haya impunidad para los perpetradores«.
Sobre un posible juicio en tribunales independientes de los crímenes de guerra, los miembros de la misión tripartita simplemente señalaron que están en contacto frecuente con la Corte Penal Internacional, que conduce sus propias investigaciones sobre el conflicto de Ucrania, así como con otras instancias.
El informe preliminar no da cifras precisas de víctimas, ni cita a personalidades concretas del Gobierno o el Ejército rusos como posibles responsables de las violaciones, aunque el presidente de la misión prometió que en el documento más completo que presentarán en marzo de 2023 «se intentará individualizar a los perpetradores«.
El informe despertó numerosas reacciones en el Consejo, donde la delegación de la Unión Europea, tras manifestar su consternación por los crímenes descritos, pidió seguir recopilando información para garantizar una rendición de cuentas de los perpetradores a través de mecanismos de justicia internacional o regional.
Estados Unidos pidió que se prosiga con la investigación de la posible deportación forzosa de entre 900 000 y 1,6 millones de cuidadanos ucranianos a Rusia, incluidos niños «separados de sus familias y llevados forzosamente a orfanatos rusos para su adopción».
El embajador ucraniano pidió a la misión investigar el asesinato de decenas de miles de personas en Mariúpol, los mortales ataques con proyectiles a ciudades como Odesa, Vinnitsia, Kremenchuk y Kramatorsk, o «la completa destrucción de la faz de la tierra» de localidades como Severodonetsk, Advivka o Lisichansk.
«Esperamos que se haga justicia por el asesinato de casi 400 niños ucranianos con cohetes y tanques de Rusia, o por los miles de ciudadanos que se han perdido en las cámaras de tortura rusas», añadió.