Casi un centenar de funcionarios públicos serán investigados por irregularidades en la emisión de carnets de discapacidad
Las primeras alertas sobre la posible emisión de carnets de discapacidad fraudulenta saltaron a inicios de 2020, en pleno confinamiento por la pandemia del COVID-19 en Ecuador.
El procesado en la trama de corrupción en hospitales del IESS, Daniel Salcedo, su hermano y amigos, poseían estos documentos con los que obtuvieron importantes descuentos en la importación de vehículos de alta gama.
Estas prácticas luego se evidenciaron en asambleístas de ese entonces y hasta en servidores judiciales.
La Contraloría auditó 68 expedientes emitidos por el Ministerio de Salud entre 2014 y 2020 e identificó 280 hallazgos de irregularidades en la entrega de carnets.
Además se determinaron nueve indicios de responsabilidad penal en contra de 95 funcionarios públicos, que fueron enviados a la Fiscalía para que inicie la etapa de investigación previa.
La investigación debe prosperar con la pronta sanción de los miembros de esta red de corrupción, dijo Xavier Torres, director ejecutivo de la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad.
El informe de Contraloría detalla cuatro irregularidades recurrentes en los procesos de emisión de dichos documentos.
En la mayoría de casos se incumplió la normativa; es decir, no hubo evaluaciones de trabajo social, ni se solicitaron informes médicos.
Se registraron inconsistencias en la calificación y recalificación de discapacidades. Aquí se aceptaron informes de otros centros médicos que no pertenecen a la red pública integral de salud.
Y en otros casos no hay respaldo de documentos ni historias clínicas; y los calificadores no estaban acreditados.
En el país hay unas 475 mil personas con carnets de discapacidad, documento que será reemplazado por la cédula de ciudadanía donde constará la información, en el contexto de un nuevo modelo de recalificación que está en marcha.