Hasta hace varias semanas el Gobierno tenía la idea de impulsar una consulta popular sobre cambios en la justicia, en el sistema de partidos y en el Consejo de Participación Ciudadana.
Pero de acuerdo con el discurso que dio el presidente Guillermo Lasso el 24 mayo en su informe a la nación, al cumplir un año de gestión, esos planes cambiaron y la consulta ya no es prioridad.
Sin embargo, la consulta puede ser posible desde las organizaciones sociales que trabajan en preguntas desde hace meses.
Medardo Oleas, experto en tema electoral, sostiene que la consulta es prioridad para el Estado, aunque ya no lo sea para el Gobierno.
Considera que el régimen de Lasso, «al ver que el respaldo ciudadano es bajo, teme perder».
Oleas dice que las organizaciones civiles “tenemos que seguir impulsando esta consulta necesaria para la sociedad, pero no para los intereses particulares de dirigentes de esos partidos y movimientos minúsculos que existen en Ecuador”.
Fausto Camacho, coordinador del Observatorio Ciudadano Electoral, sostiene que la sociedad civil está asumiendo la responsabilidad que los partidos y las élites no han tenido para lograr “una reforma en serio” en el ámbito electoral.
La propuesta que incluye temas de seguridad, de reformas a la justicia, al sistema electoral, al mecanismo de elección de autoridades de control y temas hasta de ecología, está aún en debate pero no se podría ejecutar en las próximas elecciones seccionales de febrero de 2023.
“No hay impedimento para que hagamos el debate público, para que incluso confrontemos a aquellos partidos sobre la crisis que tienen, pero la consulta podría estar siendo una realidad en 16 o 18 meses”, calcula Camacho, exintegrante de la Función Electoral.
Para Oleas, el tema se resume en que la ciudadanía asuma su responsabilidad, ya que los políticos no lo harán. “Ya vemos que la Asamblea Nacional, otro ente desprestigiado, no va a tramitar ninguna de estas reformas que son indispensables para el país”.
Para los proponentes de la consulta, organizarla será un reto ya que implicará recoger más de un millón de firmas y lograr que el CNE las valide y la Corte Constitucional apruebe su realización.
De cristalizarse, esta sería la primera consulta de carácter nacional que se realice en el país por iniciativa popular.