El presidente encargado del Consejo de la Judicatura (CJ), Fausto Murillo, asegura que la suspensión del titular de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela, es una «medida preventiva» y no se trata de una sanción.
Este martes 24 de mayo, en entrevista en Contacto Directo, Murillo agregó que el CJ no intenta intrometerse en las decisiones de los jueces y recordó que él dirige un órgano administrativo y disciplinario que aplica la normativa a todos los funcionarios judiciales.
«Aquí no hay una sanción, aquí lo que hay es la posibilidad de iniciar un expediente administrativo disciplinario», justificó el funcionario.
Reiteró que la intención de la suspensión es que Saquicela tenga el tiempo necesario para recoger pruebas y comprobar que no ha cometido falta alguna.
El viernes 20 de mayo, la Judicatura resolvió suspender por 90 días a Saquicela por una presunta «infracción gravísima de manifiesta negligencia».
La institución precisó que la decisión responde a una denuncia relacionada con el supuesto retardo en la tramitación de la solicitud de extradición del expresidente Rafael Correa, prófugo de la justicia ecuatoriana.
Tras ser notificado de la suspensión, Saquicela señaló también que la Judicatura «perseguía» a los magistrados de todo el país.
Además se quejó porque existen «fiscales provinciales encargados por más de cuatro años, hay déficit de 500 fiscales a nivel nacional, existen notarios prorrogados en sus funciones y hay precarización laboral en la Función Judicial por falta de concursos».
En un intento por echar abajo la suspensión, Saquicela solicitó en Cuenca una acción de protección con medida cautelar, pero este lunes se conoció que, al menos la medida cautelar, fue rechazada por el juez Carlos Jerves, de la Unidad Especializada de Violencia contra la Mujer, de la capital azuaya.
Está pendiente aún la audiencia en la que se conocerá si se concede o no la acción de protección.
Por otra parte, Murillo dijo este martes que el CJ actúa tras recibir denuncias y no pueden decir «si el fallo (de los jueces) está bien o está mal».
«No podemos anular ni podemos revocar (resoluciones). La responsabilidad es de los jueces superiores», enfatizó.
El presidente encargado aseguró que este año se renovará el equipo tecnológico y de computación de «toda la Función Judicial» y que hasta el 2025 se tiene previsto una inversión de 64 millones de dólares para «modernizar la administración de Justicia».