“Es bochornoso para mí, como autoridad jurisdiccional, escuchar a representantes de poderes del Estado referirse a mí de una manera despectiva”. Con esa frase, Javier Moscoso Cedeño, juez Multicompetente de Manglaralto, provincia de Santa Elena, rechazó las críticas que ha recibido en los últimos días por haberle otorgado un habeas corpus al exvicepresidente Jorge Glas.
“Podría tomar las acciones (legales) necesarias del caso, sin embargo, tengo a mi cargo un despacho jurisdiccional que es multicompetente, motivo por el cual me tiene sin cuidado lo que estén diciendo sobre mi vida personal”, indicó el magistrado en una entrevista con el canal Ecuavisa.
En su sentencia, el juez dio paso al pedido de habeas corpus por “verificarse tratos inhumanos y degradantes” contra el exmandatario en la cárcel de Latacunga (Cotopaxi), donde cumplía una condena de ocho años de prisión por dos sentencias en firme de los casos Odebrecht y Sobornos.
En la audiencia pública en la que trató la petición, Glas afirmó que padece de hipertensión, gastritis, espondilitis anquilosante (esta dolencia fue adquirida antes de su ingreso a prisión) y trastornos psicológicos. Estas declaraciones fueron avaladas por médicos que también participaron en la diligencia.
Moscoso llegó a esa unidad judicial como juez de primer nivel hace poco más de cuatro años. Consta desde enero del 2018 en el distributivo de personal de la Función Judicial. También fue funcionario de la Asamblea Nacional.
Pocos días antes de que concediera el habeas corpus a favor de Glas, hubo un pedido de suspensión contra el juez para “prevenir que posibles actuaciones realizadas por parte del sumariado puedan interferir en el normal desarrollo de este expediente disciplinario, impidiendo que los servidores judiciales que conforman su despacho remitan la información solicitada y/o comparezcan a rendir sus versiones libres y voluntarias…”.
El 28 de marzo de 2022, desde la coordinación provincial de control disciplinario de Santa Elena se envió una solicitud de medida cautelar de suspensión del juez dirigida al presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo Fierro, y a los tres vocales: Xavier Muñoz Intriago, Juan José Morillo Velasco y Maribel Barreno Velin.
El pasado 11 de abril, Murillo dijo en una entrevista con Teleamazonas que el pedido de medida cautelar no especificó de qué infracción se trataba, ni tuvo la motivación que correspondía. La decisión del presidente del CJ, la que tomó supuestamente el mismo día en que se conoció del pedido, habría sido remitir la solicitud al área correspondiente: a la dirección general y a la dirección jurídica para que se elabore un informe.
“Esto de suspender jueces ya se ha dicho es un asunto excepcional y cuando hay elementos de que presuntamente haya cometido una infracción gravísima. (…) La ley nos impone que solo cuando se trate de una infracción gravísima se puede tomar la medida cautelar de suspensión. En este caso, no ha sido la directora que ha enviado, ha sido un secretario ad hoc de la coordinación del área disciplinaria de la provincia”, explicó Murillo, quien informó que habían recibido el pedido de retiro de esa petición porque “por error han enviado sin la motivación y el sustento”.