Luego de que la Corte Constitucional devolviera a la Asamblea Nacional el tratamiento de un veto parcial formulado por el presidente Guillermo Lasso al proyecto de ley sobre el aborto en casos de violación, el pleno legislativo fue convocado para analizar un informe no vinculante.
El plazo para tratar la ley vence el próximo viernes 15 de abril, y si el Legislativo no llega a pronunciarse se hará efectivo el veto mediante el ministerio de la ley.
La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, convocó para este jueves 14 de abril de 2022, a las 18h00, a una sesión del pleno para tratar el informe sobre la objeción parcial a la Ley que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo de niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación.
Hace un año, la Corte Constitucional emitió un fallo que despenalizaba el aborto por violación y ordenó al Legislativo elaborar una ley que lo regulara.
La ley fue aprobada por la Asamblea en febrero pasado pero, semanas después, Lasso la vetó parcialmente. El Mandatario explicó que incluyó algunas observaciones a la ley con el objetivo de haya concordancia con la sentencia de la Corte Constitucional.
Respecto a los plazos para la realización del aborto, el Mandatario pidió que se unifique la temporalidad, tanto para casos del sector rural como del sector urbano en 12 semanas, «pues todos somos iguales ante nuestra Constitución y nuestras leyes», argumentó.
La normativa regula el acceso a este procedimiento en caso de violación, estableció interrumpir el embarazo hasta las 12 semanas de gestación, y hasta las 18 cuando se trate de niñas, indígenas y mujeres de áreas rurales.
Lasso también aseguró que en el dictamen de la Corte Constitucional se ordenó establecer los requisitos necesarios para acceder al aborto. Sin embargo, aseguró Lasso, la Asamblea «prácticamente los ha omitido».
Por ello, incluyó en su texto algunos requisitos que pueden ser incluidos en el cuerpo legal. Estos serían la denuncia penal, el examen médico o la declaración juramentada.
El proyecto de ley hasta ahora solo exige llenar un formulario único, lo que a decir de Lasso no reúne las condiciones para ser entendido como instrumento suficiente para verificar que la persona que busca acceder al aborto fue víctima de violación.
En la votación del Pleno, para allanarse a las observaciones del Ejecutivo se requieren de 70 votos y para ratificarse de una mayoría calificada (92).
La Corte ha recordado que su sentencia que garantiza el aborto en casos de violación se encuentra en vigor y que «es obligación de los órganos públicos competentes generar la regulación y los protocolos necesarios para hacer efectivos los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres».