Ante el otorgamiento de un habeas corpus que le permitió salir del Centro de Privación de la Libertad de Cotopaxi en el que se encontraba y debido a que Jorge Glas mantiene dos sentencias en firme y en proceso de ejecución como responsable de actos de corrupción y a que aún está en trámite otro proceso por peculado con un fallo de primera instancia, desde el Gobierno se dispone una vigilancia policial constante para el excompañero presidencial de Rafael Correa.
Según el consejero presidencial Diego Ordóñez, quien anunció la decisión, la medida se adopta para evitar que el exvicepresidente del correísmo pretenda evadir la justicia, en la que aún existe un proceso en curso en su contra: la apelación en el denominado caso Singue, en el que se investiga el delito de peculado y por el que fue condenado Glas a ocho años de cárcel en calidad de coautor.
La noche del sábado último, el juez multicompetente de la parroquia Manglaralto, Santa Elena, Diego Moscoso, transformado en juez constitucional, decidió dar paso a un habeas corpus solicitado por Nicole Malavé a favor de Jorge Glas. Las órdenes de prisión en firme le fueron cambiadas al ex segundo mandatario por las medidas alternativas de presentación periódica el primer lunes de cada mes y la prohibición de salida del país “hasta que culmine la pena como tal”.
En el acta de resumen de la audiencia se indica que el lugar de residencia de Glas estará ubicado en el kilómetro 14,5 de la vía la costa, en la urbanización Vía al Sol, en el cantón Guayaquil. “Se imponen medidas cautelares al no poderse determinar la existencia de medidas privativas de libertad alternativas como consecuencia penal”, señaló Moscoso en su resolución.
En la sentencia de Moscoso no se aprecia que se hable de otras medidas cautelares ni en manos de qué institución (seguridad penitenciaria en manos del SNAI o la Policía Nacional) está la responsabilidad de vigilar a Jorge Glas.
Ordóñez en una entrevista con Carlos Vera refirió que en este caso existió un abuso de un recurso constitucional y calificó a Moscoso como “un juez de bolsillo” que favoreció con su decisión la causa de Glas y del correísmo. El consejero fue categórico al negar que el Gobierno tenga algo que ver con la salida de Jorge Glas. “El gobierno del presidente Lasso no tiene ningún pacto con el correísmo”, anotó.
No se conoce exactamente cómo operará la seguridad policial de día y de noche, las 24 horas y siete días de la semana, pero de alguna forma el gobierno de Guillermo Lasso busca impedir que sucedan hechos como el ocurrido en octubre de 2018 cuando el exsecretario de Comunicación (Secom) Fernando Alvarado se retiró el dispositivo electrónico de vigilancia (grillete) legalmente definido dentro de una investigación por peculado de la que era parte en ese momento.
El exsecretario luego de retirarse el grillete electrónico envió un mensaje de texto agradeciendo a funcionarios del entonces Ministerio de Justicia y fugó del país. Aparentemente él viajó hasta Venezuela, país en el que se encontraba su hermano Vinicio, quien fue sentenciado en 2020 a ocho años de cárcel por el delito de cohecho en el caso Sobornos 2012-2016.
Quien también incumplió la medida cautelar dispuesta por un juez competente fue la exministra de Obras Públicas María de los Ángeles Duarte, condenada a ocho años en el caso Sobornos. Ella dejó de cumplir la presentación periódica que cumplía en la Corte de Justicia del Guayas e ingresó, el 12 de agosto de 2020, a la Embajada de Argentina en Quito.
Ya en esa delegación diplomática, Duarte también se habría retirado el grillete electrónico que le fue colocado en esta misma causa penal. En ese momento se dijo que la exfuncionaria del gobierno de Correa fue acogida en calidad de “huésped por razones humanitarias”. Hasta el momento ella se mantiene en esa sede diplomática y contra ella existe un proceso por incumplir la decisión legítima de una autoridad, proceso similar al abierto contra Alvarado.