Un total de 122 mujeres privadas de la libertad del Centro de Rehabilitación Social Turi de Cuenca fueron trasladadas a la hostería Santa Bárbara, del vecino cantón Gualaceo. Esta situación generó molestias y reclamos de las autoridades locales.
Esta tarea se cumplió en los buses de las Personas Privadas de la Libertad (PPL) desde la madrugada del martes 5 de abril de 2022 y con fuertes operativos policiales. Ese inusual movimiento de patrulleros, uniformados y autoridades fue lo que llamó la atención de los vecinos de la calle Loja y Sucre, en el centro sur de la ciudad. En ese sector está emplazado este inmueble privado inhabitado, incautado por el Estado por una investigación de supuesto lavado de activos.
El alcalde de Gualaceo, Gustavo Vera, fue el primero en salir a reclamar a las autoridades provinciales porque dice que no fue consultado. Según el Burgomaestre, ese espacio no tiene las condiciones de seguridad porque fue construido y funcionó como centro turístico, y que el cantón carece de uniformados para dar seguridad.
En rueda de prensa el gobernador de Azuay, Matías Abad, dijo que continúan realizando acciones para mantener el orden y el control en el Centro penitenciario en Turi. El funcionario aseguró que, solo por este martes y por unas horas, las mujeres estarán en ese inmueble con el propósito de darles atención médica y sicológica, con el apoyo del Ministerio de Salud Pública, Cruz Roja y Defensoría del Pueblo.
La intención es precautelar la salud y los derechos humanos de las internas, dijo Abad. Mientras tanto, en el pabellón de mujeres del complejo carcelario se realizará una evaluación, limpieza y arreglo de los espacios “para que a su regreso se garanticen las condiciones de habitabilidad en el marco de los derechos humanos.
Traslados de PPL a otros lugares
El lunes trascendió la información de que algunos presos iban a ser llevados a centros de acogida para deportistas, pero eso generó rechazo colectivo. Horas después, el Gobernador dijo que se estaban evaluando algunos espacios, sin dar nombres.
Según Pablo Cueva, director de la cárcel, con técnicos de mantenimiento y de la seguradora también van a ingresar para evaluar los daños de los otros pabellones que fueron destruidos durante la masacre del domingo que dejó 20 privados de la libertad asesinados.
El funcionario lleva un mes en la administración y dijo que las investigaciones determinarán las responsabilidades sobre cómo ingresó tanto armamento a los pabellones y en qué tiempo. “Vamos a mejorar las condiciones seguridad y control”, insistió.