De acuerdo a la Fiscalía General del Estado, desde el 1 de enero de 2015 a 31 de noviembre 2021, hubo 40.477 alertas del delito de violación y violación incestuosa a nivel nacional. Durante el mismo periodo hubo por el delito de violación: 324 instrucciones fiscales, 20695 investigaciones previas y solo se obtuvieron 2.989 sentencias condenatorias.
Es por esto, que el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam) rechazó el veto parcial a la Ley de Aborto por violación del presidente Guillermo Lasso, que fue difundido la noche del 15 de marzo de 2022, “pues envía un claro mensaje en contra del derecho a un proyecto de vida y los derechos de las víctimas y sobrevivientes en caso de violación sexual”.
Luego de su difusión, en el que dice que sus objeciones incluyen 61 textos alternativos, opiniones a favor y en contra se generaron en redes sociales. Con estas objeciones, el proyecto de Ley de aborto retorna a la Asamblea, que deberá decidir en 30 días si se mantiene en el texto original o si acepta la propuesta del Ejecutivo.
La asambleísta Johanna Moreira, representante del partido Izquierda Democrática, expresó su descontento. “El presidente Guillermo Lasso con su veto parcial no ha entendido la dolorosa realidad que viven a diario nuestras niñas en el Ecuador. Imponiendo plazos cortos que solo afectarán a las más pobres y olvidadas, provocando que nuestras mujeres pierdan su vida desde la clandestinidad” escribió la legisladora que llevó a debate el proyecto de ley.
La Corte Constitucional, en sesión ordinaria del 28 de abril de 2021, declaró la inconstitucionalidad por el fondo de la frase “en una mujer que padezca de una discapacidad mental”, contenida en el artículo 150 numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), por ser contraria a la Constitución de la República del Ecuador (CRE).
Así, la Corte decidió que es inconstitucional criminalizar y sancionar con privación de libertad a las mujeres que han interrumpido un embarazo producto de una violación.
Desde ese entonces, hasta el 12 de noviembre de 2021, el Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos Surkuna, han recibido 22 solicitudes de acompañamiento de niñas, adolescentes y mujeres para acceder a un aborto legal por violación. El 54.5% de los casos corresponde a niñas y adolescentes de entre 10 y 14 años de edad.
Según el COIP, toda actividad sexual que implique penetración, con una persona menor de 14 años de edad, es violación, De acuerdo al INEC, en Estadísticas Vitales 2020 (Registro Estadísticos de nacidos vivos y Defunciones Fetales) en ese año, se registraron 1.631 nacidos vivos, hijos de niñas de 10 a 14 años que corresponde a una tasa de 2 nacidos vivos por cada 1.000 niñas de ese rango de edad. Es decir, durante el 2020 hubo por lo menos 1.631 violaciones sexuales a niñas y adolescentes menores de 14 años de edad.
En la otra mano, están las reacciones de grupos anti-aborto, que aseguran completar el 83% del total de ecuatorianos. Sin embargo, de acuerdo a sondeos de opinión como el de CEDATOS, en 2012, a la pregunta de si apoyaban o no el aborto legal cuando el embarazo es resultado de una violación a una mujer o niña, el 63,7% se mostró de acuerdo, mientras que un 27% se mostró contrario. A mayo de 2021, 69.0% de los consultados mencionaron estar a favor en dichas circunstancias.
“Señor presidente, nosotros apoyamos su veto por la vida”, es el tuit que compartió la cuenta Ecuador Provida, usuario con más de 12 mil seguidores, en apoyo a la decisión presidencial. Mientras que Martha Villafuerte López, excandidata a la vicepresidencia del Ecuador por el partido Ecuatoriano Unido, describió su descontento por el veto parcial. “Te han fallado pequeño bebé”, escribe en su publicación junto a una foto de la última resolución.
A esta última respuesta, se le suma la del líder del mismo partido, Gerson Almeida. El excandidato a primer mandatario y pastor evangélico tachó la decisión de incompleta. Él, en su cuenta de Twitter, compartió que esa regulación era un crimen. “Matar a las 12 semanas a un ser formado con sentimientos y demás es un crimen”, esto lo acompañó de un “¡No puede ser! Se es provida completo o no”, reforzando su idea sobre el veto.
Por su parte, la abogada y experta en Derechos Humanos, Silvia Buendía, dijo a EXTRA que «Lasso está haciendo justamente lo contrario al mandato de la sentencia de corte constitucional. Está obstaculizando a conciencia el acceso al aborto. En forma deliberada, y muy cruel».