La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) y la organización Acción Ecológica pusieron la alerta por la contaminación de afluentes de agua, tras el derrame de crudo por una rotura en el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) en San Luis, sector de Piedra Fina, en Napo.
Las fotos y videos sobre el derrame empezaron a circular la noche del viernes pasado, después de que se registrara la rotura del oleoducto, a las 17:06.
El “debilitamiento del terreno en la zona de Piedra Fina, un desprendimiento de piedras a causa de las fuertes lluvias en la zona” ocasionó la rotura del tubo del OCP, señaló la empresa que maneja el oleoducto privado.
También aseguró haber activado el protocolo de emergencia con el objetivo de “evitar daños ambientales, e igualmente a evaluar la magnitud del daño en la infraestructura, así como el inicio de las reparaciones correspondientes”.
El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables informó que puso en marcha el Comité de Crisis, liderado por el ministro Juan Carlos Bermeo, para el monitoreo, seguimiento y control permanente en las acciones de contención y respuesta.
Sin embargo, la Confeniae señaló que manchas de crudo llegaron a los afluentes del Río Coca, afectando a la comunidad kichwa de Panduyaku, de Sucumbíos, y a la comuna Sardinas, en Orellana.
Luis Salazar, presidente del Gad Parroquial de Gonzalo Díaz de Pineda, del cantón El Chaco, en Napo, confirmó que el crudo llegó al río Coca y avanza a Sucumbíos.
Asimismo, señaló que las autoridades del poblado se encuentran en el sitio de la rotura de la tubería y están vigilantes de las tareas de remediación que realiza el OCP.
El Ministerio del Ambiente informó que su personal acudió al sitio desde que ocurrió el incidente para verificar las actividades de limpieza y remediación del área. Esta Cartera levantará información sobre “los componentes ambientales y sociales, así como el indicio de daño ambiental e hídrico”.
Acciones de remediación
Posteriormente, la empresa OCP confirmó el inicio de la reparación y limpieza ambiental. Entre las primeras acciones están la ubicación de piscinas de contención de crudo, el despliegue de un equipo de expertos dedicado a tomar medidas “para proteger el medioambiente, así como evitar cualquier afectación a las comunidades aledañas al incidente”.
También se instalaron puestos de control en el sitio de rotura, la Casa de Máquinas, Puerto Madero, Cañón de los Monos y captación del Coca. Otra acción fue detener el bombeo, pero eso no afectará a “la provisión del servicio de transporte de hidrocarburos y en las exportaciones de crudo del país”, según la empresa.
Críticas al Estado
Tanto la Confeniae como Acción Ecológica dudan de las acciones de las autoridades y de OCP porque existen antecedentes por el derrame de crudo tras la rotura del SOTE, el OCP y el poliducto Shushufindi, el 7 de abril del 2020.
Eso afectó a familias indígenas, por lo que la Alianza de Derechos Humanos de Ecuador espera que la Corte Constitucional (CC) “declare la vulneración de derechos”, después de que una Corte Provincial de Orellana negó una acción de protección en dos ocasiones, explicó Alexandra Almeida, directora del área de Petróleo de Acción Ecológica, organización que forma parte de la Alianza.
“No podemos seguir cada dos años con un derrame (de crudo). Ni siquiera resuelven el primero. Vendrán otros porque la situación geológica en la zona da para que esa erosión siga aumentando”, pronosticó Almeida.
La Alianza envió un equipo a la zona para registrar la dimensión de los daños y calcular la cantidad real de crudo derramado.
Lola Piyahuaje, vicepresidenta de la Confeniae, adelantó que hará una visita a profundidad a las comunidades para verificar los daños, darlos a conocer al Estado e insistir en reparar las afectaciones.