En el mes de enero se registró que al menos el 35 % entre funcionarios y asambleístas se contagiaron de la nueva variante de COVID-19.
La Asamblea Nacional desde el miércoles 2 de febrero retomará las actividades presenciales en el salón del pleno, que fueron suspendidas hace un mes para evitar la propagación de contagios de la nueva variante de COVID-19.
En una reunión entre los miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL) y los coordinadores de bancadas realizada este 30 de enero, se resolvió que en esta semana el pleno sesionará miércoles, jueves y viernes. Todos los legisladores deben acudir de manera presencial, aunque habrá excepciones por temas de salud o vulnerabilidad.
El primer vicepresidente de la legislatura, Virgilio Saquicela, comentó que la decisión de retornar a la presencialidad se dio debido a que la ciudad de Quito, donde está la sede de la Asamblea Nacional, volvió al semáforo naranja, y se tomarán algunas medidas como el control de aforos hasta el 50 % en las sesiones de las comisiones, grupos parlamentarios y auditorios, y para ingresar al edificio de la legislatura se requerirá de una prueba antígeno o PCR negativa.
Las sesiones de comparecencias y comisiones generales en las comisiones especializadas permanentes deberán realizarse de manera virtual, pero se garantizará la presencia del secretario, asesor, medidas que se mantendrán hasta el cambio de semáforo en el Distrito Metropolitano de Quito a verde.
Para el caso de los funcionarios el retorno presencial se realizará observando las disposiciones del COE nacional, en la presente semana será del 50 %.
Saquicela dijo que según las estadísticas presentadas, al menos el 35 % del personal que labora en la legislatura, incluidos asambleístas, se contagiaron en esta nueva ola de rebrote de coronavirus. En la última semana bajaron los casos.
Una vez que se reactiven las sesiones presenciales, la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, será quien defina la reinstalación de la sesión 758, respecto del debate y votación del proyecto de ley orgánica que garantiza la interrupción voluntaria del embarazado a niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación.