El dictamen dispone un plazo de 6 meses para que el Ejecutivo y la Asamblea Nacional realicen un análisis de factibilidad financiera de los artículos relativos al aumento de remuneraciones y del sistema de jubilación especial de los docentes del Sistema Nacional de Educación, incorporados en las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Luego, el parlamento tendrá 30 días para discutir los cambios en dos debates, y de allí, remitir el texto al Ejecutivo para su sanción.
Para llevar a cabo este proceso, el ministerio de Economía y Finanzas deberá certificar que exista el financiamiento correspondiente. El dictamen precisa que los gastos no deberán limitarse a la situación actual de la caja fiscal, pero advierte que el análisis debe tomar en cuenta el impacto y las fuentes de financiamiento.
La corte además reprobó la actuación de la anterior Asamblea Nacional, que aprobó las reformas, y del entonces presidente Lenín Moreno, que dispuso su promulgación en el registro oficial, al considerar que no hubo seriedad institucional en este trámite.
Este fallo fue avalado por 8 de los 9 jueces de la Corte Constitucional, y es inapelable y de cumplimiento obligatorio.