Naciones Unidas pide que se libere a líderes opisitores. Secretario de la OEA pide aplicarse suspensión al país por “ruptura del orden democrático”.
En las recientes semanas la tensión política ha crecido en Nicaragua por acciones en contra de la oposición, llevando a otros países y organismos a poner sanciones y pedir cambios.
La ONU ha llegado a pedir que se libere a líderes opositores. El secretario general, Antonio Guterres, cree que lo sucedido “puede minar seriamente la confianza en el proceso democrático de cara a las elecciones generales de noviembre”.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) fue más allá y ha presentado a la presidencia del Consejo Permanente una petición de reunión urgente para tratar lo sucedido en el país centroamericano e incluso considerarse la “activación de los mecanismos necesarios para la aplicación a Nicaragua del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana”, que establece que un país puede ser suspendido de la OEA si dos tercios de los Estados miembros deciden que se ha producido la “ruptura del orden democrático” y “las gestiones diplomáticas han sido infructuosas”.
Para Almagro, el gobierno del presidente Daniel Ortega y de la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, “se ha embarcado en los últimos días en una arremetida sin precedentes contra líderes opositores, precandidatos a cargos de elección pública, líderes sociales y empresariales, encarcelándolos sin ninguna garantía de sus derechos ni procesos judiciales”.
El Departamento de Estado (cancillería) de los Estados Unidos puso sanciones a funcionarios nicaragüenses “por apoyar los esfuerzos de Ortega orientados a socavar la democracia, los derechos humanos y la economía”.
Las personas sancionadas son Camila Antonia Ortega Murillo, coordinadora de la Comisión Nacional de Economía Creativa e hija del presidente Daniel Ortega; Leonardo Ovidio Reyes Ramírez, presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN); Edwin Ramón Castro Rivera, diputado de la Asamblea Nacional de Nicaragua (ANN); y Julio Modesto Rodríguez Balladares, general de brigada del Ejército nicaragüense y director ejecutivo del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM).
Lo de Reyes Ramírez se debe a que “colidera la implementación de la nueva Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, que podría obligar a las instituciones financieras nicaragüenses a realizar operaciones con personas designadas en Nicaragua exponiéndose al riesgo de facilitar transacciones pasibles de sanciones”.
Además, Reyes es una pieza clave dentro del gabinete económico de Ortega y un puente con organismos financieros internacionales. Por ello, expertos dijeron al diario nicaragüense La Prensa que va a ser un impacto severo en el régimen, incluso puede crear inconvenientes para recibir desembolsos ya acordados con organismos como el FMI, Banco Mundial y BID.
En el caso de Castro y Rodríguez, al primero EE. UU. acusa de que al ser miembro de comisión especial de Asuntos Electorales del Parlamento no acató “la resolución que emitió en octubre de 2020 la OEA, en la cual se instó a realizar las reformas electorales necesarias para que se lleven a cabo elecciones libres, justas y transparentes” en noviembre de 2021. Al segundo, por ser general de brigada del Ejército que ayudó a que se den “abusos de derechos humanos y ataques contra manifestantes, lo cual provocó la muerte de más de 300 personas y graves daños físicos y psicológicos”.
Ahora suman 28 las personas sancionadas por Estados Unidos, entre familiares, allegados y funcionarios; además de tres entidades, entre esas la Policía Nacional, señalada de violar derechos de los nicaragüenses.
