Las autoridades iraquíes comenzaron este domingo 25 de abril a investigar las causas que provocaron la explosión de bombonas de oxígeno y el posterior incendio en un hospital dedicado a pacientes de covid-19 de Bagdad en el que murieron 82 personas y otras 110 resultaron heridas en la pasada noche.
El primer ministro iraquí, Mustafa al Kazemi, ha pedido resultados sobre esta indagación en un plazo de 24 horas y ha hablado de una negligencia «criminal», mientras que el presidente del país, Barham Saleh, ha atribuido en un tuit el siniestro a la «destrucción acumulada de las instituciones estatales por la corrupción y la mala gestión».
Un portavoz del Ministerio de Interior aseguró al dar el balance de víctimas que estas sufrieron quemaduras o tuvieron que saltar desde una altura considerable para huir de las llamas y advirtió de que el número de fallecidos podría aumentar debido a la gravedad de algunos de los lesionados.
En una grabación de una cámara de seguridad del hospital afectado, el Al Jatib, en el sureste de Bagdad, difundida por la prensa iraquí se ve a un grupo de personas charlando en el pasillo frente a la sala donde tuvo lugar la explosión justo antes de que se produjera, alrededor de las 14:20 de este sábado 24 de abril (hora de Ecuador continental).
De acuerdo a la difusión, algunos de las personas presentes en el interior del hospital huyeron despavoridos tras la fuerte expulsión, mientras que otros intentan salvar a pacientes para sacarlos al exterior antes de que el pasillo se llenase de un espeso humo.
El Ministerio de Interior ha descartado en un principio que el suceso haya sido fruto de una acción intencionada y las primeras hipótesis sobre la causa de la tragedia apuntan a un cortocircuito como detonante de la explosión.
Si bien Kazemi aseguró a través de un comunicado que «la negligencia en estos asuntos no es un mero error, sino un crimen cuya responsabilidad deben asumir todos los negligentes».
«Que nadie me diga que fue por un fallo eléctrico, es una vergüenza», añadió el primer ministro, que ordenó a la vez revisar «los trámites de seguridad en todos los hospitales, hoteles y lugares públicos en una semana» en todo Irak así como examinar «cada cable en cada sitio público y cada hospital».
– Destituciones y suspensiones –
De momento, han sido destituidos el director del hospital Al Jatib y el jefe de mantenimiento, mientras que un tribunal de Rusafa, la región a la que pertenece el centro sanitario, decretó el arresto del primero mientras duren las investigaciones.
Las responsabilidades han alcanzado también al ámbito político pues el Gobierno decidió, durante un Consejo de Ministros, suspender de forma temporal y someter a una investigación al ministro de Salud, Hasan al Tamimi, al gobernador de Bagdad, Mohamed Jaber al Ata, y al director general del Departamento de Salud de la región de Rusafa, Abdelghani al Saadi.
La suspensión temporal del ministro de Salud se produce en un momento en que Irak, uno de los países con más casos de covid-19 en todo Oriente Medio con algo más de un millón, registra cifras récords de contagios diarios.
No obstante, la Comisión Iraquí de Derechos Humanos pidió hoy la petición de dimisión del ministro y otros responsables, así como se produjeron manifestaciones espontáneas de familiares de víctimas del hospital Al Jatib y de otros jóvenes indignados en distintos puntos de la capital iraquí.
Los participantes en las protestas, que se disolvieron sin incidentes, también clamaron contra los deficientes servicios públicos, que en el caso de la sanidad, presentan un mal estado de las infraestructuras en un país en reconstrucción tras décadas de conflicto que han afectado seriamente a los servicios públicos.
A Irak han llegado en las últimas horas diversas muestras de solidaridad internacional ante la magnitud del desastre, entre ellas la del papa Francisco, que visitó el pasado mes de febrero el país árabe, la de la embajada estadounidense, la de la enviada especial de la ONU, Jeanine Hennis-Plasschaert, y también de varios países vecinos, como Irán o Arabia Saudí.
