La Fiscalía General del Estado abrió una investigación previa por un contrato para comprar 1,9 millones de dólares en dispositivos médicos para los dispensarios del Seguro Social Campesino a una empresa que ni siquiera contaba con registro sanitario.
El proveedor seleccionado iba a suplir de mascarillas, guantes, gel antiséptico, batas, entre otros insumos, a los 659 centros de salud del Seguro Social Campesino, a nivel nacional. Sin embargo, el distribuidor elegido no vendía estos productos y además alteró su razón social en el Servicio de Rentas Internas (SRI) el mismo día que el IESS le solicitó la propuesta.
Los 1,9 millones de dólares no fueron desembolsados. La Contraloría General del Estado investigó este proceso que inició en marzo, justo al inicio de la pandemia, y señaló estas irregularidades en un informe de 23 páginas.
La Contraloría indica también que en el presupuesto referencial para llevar a cabo este contrato no se consideraron los costos de otros procesos de contratación por emergencia.
A pesar de todas estas inconsistencias, la empresa fue calificada por quienes lideraban la adquisición.
Sebastián Romero, quien es director del Seguro Social Campesino desde junio de este año, informa que este proceso fue declarado desierto días después de ser adjudicado. Asimismo, según Romero, la Contraloría emitió un informe con indicios de responsabilidad penal para un exfuncionario de la institución.
Mientras el caso está siendo investigado por Fiscalía, la Federación de Afiliados al Seguro Social Campesino espera que las autoridades actuales solventen las necesidades de fármacos y atención en los dispensarios. (I)
Fuente:www.ecuavisa.com