La fase previa de los comicios del 7 de febrero próximo no tiene precedente alguno, sobre los incidentes registrados en calificación de candidaturas. Así lo aseguró el experto en temas electorales, Mauro Andino.
Las discrepancias entre los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), respecto a la inscripción de los candidatos del movimiento Justicia Social, podrían acarrear sanciones administrativas y hasta penales en contra de los consejeros de la institución.
Andino advirtió que el incumplimiento de la sentencia del TCE, para que la organización política pueda ejercer su proceso de democracia interna, cabe en la figura de desacato o lo que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) denomina como incumplimiento de orden legítimo de autoridad competente.
El jurista agregó que si la intención del CNE es alargar los plazos para posponer las elecciones, sería un despropósito, pues, según la Ley Electoral, si los comicios se realizan en una fecha distinta a la establecida en la convocatoria es causal de nulidad de todo el proceso.
Consecuencias
El Código de la Democracia, en su artículo 267, faculta al Pleno del TCE, para que ponga en conocimiento de la Fiscalía dichas inobservancias, sean estas parciales o totales de los fallos o resoluciones.
El mismo cuerpo legal, en el numeral 12 del artículo 279, establece como sanción electoral muy grave el incumplimiento de las resoluciones del CNE o las sentencias del TCE. La norma, determina una multa de 21 a 70 salarios básicos unificados, además de la destitución y/o suspensión de derechos de participación desde dos hasta cuatro años.
El presidente del TCE, Arturo Cabrera, aseguró que sobre la causa 080 – 2020, referente a Justicia Social, ya no existen recursos pendientes, por lo que el CNE tiene que acatar y aplicar la reparación para que el movimiento inscriba candidaturas, entre ellas la presidencial, del binomio Álvaro Noboa – Gino Cornejo. “Las sentencias no pueden ser interpretadas y menos analizadas. Tienen que ser cumplidas”, advirtió.
Para Cabrera, las resoluciones del CNE “carecen de lógica, razonabilidad y comprensibilidad, requisitos básicos para poder sustentarlas”.(I)
Fuente:www.lahora.com.ec