En rueda de prensa virtual, las autoridades del Comité Empresarial Ecuatoriano (CCE), junto a empresarios afectados por las medidas adoptadas por determinados GADS del país, denunciaron supuestos cobros indebidos de impuestos municipales. Caterina Costa, presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano indicó que es una práctica ilícita por parte de algunos Municipios, particularmente de la provincia de Esmeraldas. “Esta mecánica realmente es un atraco, en donde los mayores perdedores lamentablemente son los habitantes de la provincia, ya que espantan la inversión y la generación de plazas de trabajo.” Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano señaló a esta práctica como una mañosería, “una suerte de acto delincuencial, porque lo que hacen estos Municipios, en el caso particular del GAD Eloy Alfaro, es abusar de la capacidad coactiva que tienen.”
Según el sector empresarial, es una actitud desesperada de los Gobiernos locales por buscar recursos antes los retrasos en las asignaciones presupuestarias. Precisan que estos cobros indebidos ya habían sucedido en el Municipio de San Lorenzo, que luego de un proceso de revisión, rectificaron y anularon los títulos de créditos emitidos. Los impuestos municipales que los GADS emiten son por ejemplo, el 1.5 por mil por activos totales o el cobro de patentes, valores que no tienen causa legal según los empresarios, basados en la última reforma interpretativa al COOTAD en sus artículos 547 y 553 en la Ley Humanitaria. Además, denuncian que los títulos de créditos no son notificados correctamente a los representantes legales, o cuando realizan, lo hacen a correos inexistentes. “Nos preocupa porque eventualmente esto podría ser replicado en otros Municipios de Esmeraldas o del país y se volvería un caos”, expresó Aspiazu. Según la denuncia del Comité Empresarial, estos municipios han ejecutado embargos millonarios sin haber notificado antes a la empresa. “Nosotros como empresa telefónica, la semana pasada nos emitieron un auto de pago, y el viernes ya ordenaron embargo del dinero de las cuentas de la compañía. En un abrir y cerrar de ojos, tenemos 2 millones 150 mil dólares en perjuicio” reveló un empresario que participó de la rueda de prensa convocada por el CCE. Señalaron que han iniciado acciones legales en Fiscalía, Contraloría y entidades del Ejecutivo para denunciar estos supuestos abusos. En el 2018 denunciaron un comportamiento similar de algunos Municipios, lo que ocasionó un perjuicio de 40 millones de dólares en el sector empresarial. (I)