El informe para segundo y definitivo debate sobre la denominada Ley de Extinción de Dominio está listo. La asambleísta Mae Montaño, quien conforma la Comisión de Participación Ciudadana, aseguró que desde que concluyó el primer análisis en el Pleno se recogieron los criterios de legisladores, autoridades y expertos internacionales especializados en la rama. Solo queda para que la mesa legislativa apruebe el documento.
Destacó que la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado; la titular de la Corte Nacional de Justicia, Paulina Aguirre; y la fiscal general, Diana Salazar, coincidieron en que esta Ley es fundamental para hacerle frente a la corrupción que tiene sumido al país en el subdesarrollo.
Sin embargo, Montaño dice que le preocupa que los jefes de los bloques legislativos pidieran, en una reunión organizada por el presidente de la Asamblea, César Litardo, el aplazamiento de una semana para que se conozca el informe.
La legisladora espera que este proyecto de Ley sea aprobado máximo hasta diciembre, como se ofreció al país.
Consideraciones jurídicas
Montaño dijo que en el trabajo de pulir el documento se determinó que la Ley no tendrá vicios de inconstitucionalidad, que no atenta contra la propiedad. “No se le puede garantizar a nadie el derecho a la propiedad sobre bienes que fueron obtenidos con dinero ilícito”, dijo.
La normativa, además, no será un mecanismo de persecución, pero sí se aplicará un principio de retrospectividad, para atacar a bienes mal habidos con anterioridad a su aprobación.
La legisladora precisó también que la iniciativa contempla que el 70% de los recursos recuperados con la aplicación de la normativa se destinen a salud, educación y atención a grupos vulnerables; mientras que el otro 30% se emplee en el ente administrativo que el Estado deberá conformar para gestionar los bienes extintos.
Creación de fondo
Se propone que este organismo sea el Servicio de Administración de Bienes o Activos Especiales. “La misma ley puede sostener toda la estructura. Son recursos adicionales para financiar la misma lucha contra la corrupción”, agregó.
Según Montaño, se crearía un fondo depositado en una subcuenta del tesoro nacional, con el fin de que estos recursos no sean parte del presupuesto general o se destinen al gasto corriente del Gobierno. (I)
Fuente:www.lahora.com.ec