Daniel Mendoza ingresa a programa de protección de víctimas y testigos, por supuestas amenazas

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La Corte Nacional de Justicia ordenó que Daniel Mendoza entre al Sistema de Protección de Víctimas, Testigos y Otros Participantes.

La fiscal general del Estado, Diana Salazar, lo solicitó y Marco Rodríguez, juez de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, lo aprobó el pasado sábado.
La Fiscalía no ha confirmado, hasta el momento, si ha establecido un acuerdo de cooperación con el procesado por irregularidades en la adjudicación del contrato en 2019 para la construcción del hospital de Pedernales.
Sin embargo, Gabriela Moreira, abogada del exlegislador de Alianza Pais y del movimiento Mejor, ha señalado que él ha cooperado con la investigación.
La semana pasada, por ejemplo, Mendoza entregó voluntariamente una muestra de su voz para que fuera cotejada con audios de llamadas telefónicas  interceptadas por la Policía, gracias a una autorización judicial.
En medio de las pruebas periciales efectuadas a los audios, el pasado viernes la Fiscalía vinculó en el proceso al asambleísta Elizeo Azuero y el juez nacional Marco Rodríguez dictó orden de prisión preventiva en su contra. Junto con Azuero también se dictó orden de prisión en contra del exgerente del Servicio de Contratación de Obra (Secob), Edmundo Tamayo; el subdirector de Secob, Jorge J.; el asesor de Daniel Mendoza en la Asamblea, Jean B., y otras diez personas.
La Fiscalía los investiga por la supuesta participación en una red ilícita que habría favorecido a empresarios con la adjudicación de obras en Manabí.
Al pronunciarse sobre el pedido de la fiscal Salazar, el sábado 18 de julio, el juez Marco Rodríguez dispuso que, para garantizar su seguridad, el exlegislador Mendoza debe permanecer en la Cárcel 4, ubicada en el sector El Condado, en el norte de Quito, mientras que los demás procesados deben ser trasladados a otros centros penitenciarios, cita diario El Comercio.
El exasambleísta manabita fue detenido el pasado 5 de junio en Portoviejo, por el delito de delincuencia organizada.
“Pedimos protección porque la familia en Manabí de mi defendido ha recibido amenazas.
Las conversaciones difundidas con el asambleísta (Eliseo) Azuero, que aluden a la ministra Romo, ponen en mayor riesgo a mi cliente“, dijo Gabriela Moreira, abogada de Daniel Mendoza. (I)

Fuente:www.eldiario.ec
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