La lucha por la despenalización del aborto en Ecuador no ha cesado, pese a que el 17 de septiembre de 2019, la Asamblea Nacional negó la reforma al artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en la que se planteaba incluir la despenalización en cuatro causales: violación, incesto, estupro o inseminación no consentida.
Durante una rueda de prensa virtual, Virginia Gómez de la Torre, miembro de la Fundación Desafío, dijo que desde junio del año pasado presentaron dos demandas por inconstitucionalidad, ya que Ecuador habría ignorado una serie de recomendaciones internacionales de comités, como el de Derechos Humanos, el de derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y el de derechos Económicos y Sociales, que conminan al país a despenalizar el aborto en casos de violación.
Gómez de la Torre dijo que ambas demandas fueron aceptadas, por lo que hizo un llamado a la Corte Constitucional a darles trámite y, así, definir resoluciones sobre la despenalización. “La Corte debería abrir las audiencias y empezar a trabajar la resolución y ver si finalmente se despenaliza el aborto en caso de violación en el Ecuador”, enfatizó.
Gómez de la Torre resaltó que este tipo de procesos son prioritarios, ya que son que aluden “a una emergencia social como es la violencia a niñas”, y que la Corte puede adelantar una resolución, puesto que también “estamos en un estado de emergencia sanitaria producto de la pandemia (Covid-19)”.
Capacitación
Rocío Rosero, representante de la Coalición de Mujeres, añadió que relatores de las Naciones Unidas han realizado dos informes sobre la protección de derechos de mujeres y niñas ecuatorianas, tras una visita al país a finales de 2019.
La primera preocupación del organismo internacional es que “debería producirse un proceso de capacitación profesional permanente a jueces, fiscales, abogados, agentes de policía y funcionarios públicos para garantizar la aplicación de los instrumentos internacionales”.
Además, señaló que el Estado debe garantizar la asignación presupuestaria a programas dedicados a la prevención de embarazos de niñas y adolescentes. “Por ende, mejorar el presupuesto de la Ley Rrgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género Contra las Mujeres. esas asignaciones tienen que volverse a actualizar”.
Falta de acceso a métodos anticonceptivos
Aunque no hay una cifra, Gómez de la Torre informó que durante el confinamiento se ha registrado una disminución en la demanda de los distintos métodos anticonceptivos. Esto, a decir de la activista, se resume en que el ‘stock’ del Ministerio de Salud debe estar intacto.
Sin embargo, añadió que: “sabemos de dificultades, sobre todo, en el área rural y la Amazonía, donde no hay acceso a anticonceptivos, producto de la pandemia y las dificultades del sistema de llegar a esos lugares. Eso muestra una débil y precaria atención primaria que no ha podido dar una respuesta a esas mujeres”. Esto derivaría en un fuerte incremento de embarazos no deseados ()I)
Fuente:www.lahora.com.ec