Juzgados de seis provincias del Ecuador señalaron que el informe de la Contraloría General del Estado para dejar sin efecto la inscripción de cuatro movimientos políticos en el Consejo Nacional Electoral (CNE) no representa una injerencia electoral. A través de un comunicado, la Contraloría replicó el fallo de los magistrados de Esmeraldas, Manabí, El Oro, Cañar, Tungurahua y Los Ríos, en el que aseguraban que las recomendaciones de la Contraloría “no causan un daño irreversible a los derechos constitucionales de elección”. La presidenta del CNE, Diana Atamaint, manifestó el 23 de junio que hubo una intromisión de la Contraloría en el proceso electoral de 2021. Sin embargo, los jueces opinaron lo contrario, pues en su perspectiva las labores de control público “no constituyen una injerencia en las actuaciones del CNE”.
El informe de la Contraloría dictaminaba que las agrupaciones políticas Fuerza Compromiso Social, Podemos, Libertad es Pueblo y Justicia Social pierdan su estatus en el Registro Permanente de Organizaciones Políticas, esto debido a irregularidades en el proceso de adhesión de militantes. En el examen especial, efectuado en agosto de 2019, se encontraron errores en las firmas, cédulas falsas y afiliados fallecidos. Los magistrados respaldaron las recomendaciones de la Contraloría de que las cuatro casas políticas no tercien en los comicios presidenciales y legislativos por incumplimiento de los requisitos legales y constitucionales. Sin embargo, la postura del CNE es distinta. Atamaint ha declarado en varias intervenciones que su organismo acogió el informe y lo trasladó a las áreas correspondientes para su revisión. La titular de la entidad electoral ratificó que cumplieron con el análisis de las recomendaciones técnicas y jurídicas de la Contraloría, pese a que en la votación del Pleno no hubo votos que la respalden. Atamaint agregó que el informe contaba con ciertas contradicciones y que las competencias del CNE son privativas. Días después, el contralor Pablo Celi pidió la destitución de la presidenta y dos consejeros más, solicitud que Atamaint calificó de “desproporcionada”. (I)