Chile teme recrudecimiento de la violencia tras dos meses de protestas

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Chile cumple este miércoles 60 días desde el inicio de su inédito estallido social con la mirada puesta en la forma en que encauzará el descontento sobre su modelo económico y temores de que vuelva a resurgir masivamente la violencia.

Las protestas estallaron el 18 de octubre por el alza de la tarifa del metro pero después derivaron en un extendido reclamo por las desigualdades del modelo económico y político heredado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que se saldan con 24 muertos y cerca de 2.500 incidentes graves.

 

Esta protesta social se convirtió en una gran oportunidad para construir un nuevo futuro para Chile”, resaltó el presidente derechista Sebastián Piñera, en una columna de opinión publicada este miércoles en el diario The New York Times

Piñera, cuya popularidad se desplomó a mínimos de 10%, consideró las manifestaciones como “la expresión legítima de una democracia viva y vital, que nos dio la oportunidad de conectarnos mejor con nuestros ciudadanos y liderar una transición hacia una sociedad más justa y con mayor igualdad de oportunidades”.

Pero después de dos meses en que su gobierno debió cambiar por completo su agenda, hay más incertidumbre que certezas sobre cómo Chile podrá encauzar el descontento social que explotó en una de las naciones más estables de América Latina.

Las protestas han disminuido y la violencia en las calles ha bajado las últimas semanas, pero ahora el temor es que una vez finalicen en marzo las vacaciones del verano austral vuelvan a emerger las manifestaciones ante la falta de respuestas a la mayoría de los reclamos sociales.

La semiparalización del comercio tras el estallido y el derrumbe del turismo, desplomaron la actividad económica 3,4% durante octubre, lastrando las proyecciones para el cierre de éste y el próximo año.

Entre protestas de grupos feministas, la Cámara de Diputados aprobó la tarde de este miércoles una ley que permite convocar a un plebiscito en abril para redactar una nueva Constitución, acordada hace un mes por las fuerzas políticas para desactivar la crisis.

Pero por falta de quórum quedaron fuera tres aspectos exigidos en las calles: paridad de género, inclusión de independientes y asientos para las minorías indígenas en la eventual asamblea constituyente que redactaría la nueva carta magna, desatando la furia de decenas de mujeres que asistieron al Congreso.

Entre las medidas figura un aumento del 50% para las pensiones más bajas, un subsidio para aumentar el salario mínimo y un bono único de casi 110 dólares durante diciembre para las familias más pobres.

Sin embargo, las grandes reformas que exige la calle al sistema de pensiones, de salud o tributario, que cuentan con el apoyo de más del 70% de la población, según encuestas, no estaban incluidas en esta “hoja de ruta”.(I)

 

Fuente:www.excelsior.com.mx

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