Prevención de la violencia política de género, clave en la reforma

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Prevenir casos de violencia de género en la política, como los registrados en la última campaña electoral, es lo que se busca con la reforma al Código de la Democracia, que está para veto del Ejecutivo.

Según un reporte de la Corporación Participación Ciudadana, entre el 16 de enero y el 21 de marzo se generaron 544 tuits violentos contra candidatas y funcionarias.

Las expresiones publicadas en la red social estaban relacionadas con la apariencia de la mujer, a su rol por género, su desvalorización y cosificación.
Para evitar que este tipo de expresiones queden en la impunidad, los legisladores incorporaron articulados para prevenir y sancionar estos ataques.

“Vemos que hay un ejercicio de violencia política en Ecuador, especialmente en contra de las mujeres”,  aseguró Ruth Hidalgo, directora de la Corporación. Agregó muchas mujeres quedan fuera del escenario político por la falta de un ambiente seguro para hacerlo. Además de las reformas, dijo que esto debe convertirse en una ley que obligue al Consejo Nacional Electoral (CNE) a elaborar los instructivos para combatir y prevenir la violencia política de género. “Se habla de sanciones  pero no son específicas”.
Esfuerzo conjunto
La presidenta del CNE, Diana Atamaint, dijo que esta reforma es el esfuerzo de varios colectivos y organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres.

Susana González, viceprefecta del Guayas, agregó que incorporar este tema en el Código de la Democracia beneficia a mujeres que actualmente ejercen la política y a las futuras generaciones, a través de un proceso real y participativo.

Multas
La violencia política de género está considerada, según la reforma, como una infracción electoral muy grave, sancionada con multas de entre 21 y 70 salarios básicos así como la destitución o suspensión de los derechos políticos del infractor entre dos y cuatro años.

Está catalogada como aquella infracción cometida por una o más personas, directa o indirectamente, contra “de las mujeres candidatas, militantes, electas, designadas o que ejerzan cargos públicos, sean defensoras de Derechos Humanos, feministas, lideresas políticas o sociales, o en contra de su familia”.

Esa violencia se orienta a “acortar, suspender, impedir, o restringir su accionar o el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o para inducirla u obligarla a que efectúe en contra de su voluntad una acción o incurra en una omisión en el cumplimiento de sus funciones” (I)

 

Fuente:www.lahora.com.ec

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