Consejo de Participación enfrenta dos procesos que definirán su futuro

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La “sobrevivencia” como institución se complica para el Consejo de Participación Ciudadana (CPC), pues se le presentan dos escenarios. Por un lado está la enmienda que se tramita en la Asamblea para restarle competencias y dejarle sin la potestad de designar autoridades de control; y por otro, la iniciativa ciudadana, presentada también en el Legislativo con 219 mil firmas de respaldo, para que se convoque a referéndum con la finalidad de consultarle al pueblo si apoya la eliminación de este organismo.

Son dos procesos que están en marcha de manera paralela. Como lo dijo la asambleísta Wilma Andrade (ID), integrante de la Comisión de Enmiendas, si el pueblo no aprueba en las urnas que desaparezca el Consejo, siempre quedará la alternativa de que los legisladores le dejen sin sus principales funciones.
En el Consejo 
Por su parte, las autoridades del CPC ya anticipan sus argumentos en defensa de sus potestades y de la permanencia de la institución como tal. Su presidente, Christian Cruz, afirmó que la entidad que preside fue creada a través de la Asamblea Constituyente por lo que cualquier iniciativa contraria debe ser canalizada a través de idéntico procedimiento. “Debe respetarse la Ley y la Constitución y como nacen las cosas en derecho, deben deshacerse en derecho. Nos guste o no se debe respetar la institucionalidad del Estado”, manifestó.

Agregó que ya la ciudadanía se ha pronunciado en tres oportunidades, a través de las urnas, por la permanencia del Consejo con sus actuales facultades. Además, considera que la designación de autoridades no debe retornar a la Asamblea, ya que sería una elección hecha por políticos.

Por su parte, el consejero David Rosero afirmó que hay un largo trayecto por recorrer antes de que se concreten cualquiera de las dos alternativas, y que todavía falta por conocerse cuál será el dictamen del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre las firmas presentadas para que se convoque a referéndum.

Tanto Cruz como Rosero informaron que ya hay varias denuncias ciudadanas por presuntas irregularidades en la recolección de firmas que impulsó el Comité por la Institucionalización Democrática. “Algunas de esas denuncias están aquí en el Consejo”, dijo Rosero.

 

De lado contrario
Simón Espinosa, integrante del Comité, afirmó que es positivo para el país que desaparezca el Consejo, pues es una institución diseñada para darle poder al Presidente de la República, cualquiera que este sea. “Es un instrumento para nombrar a las principales autoridades con unos pocos miembros, cuando esto estaba antes en manos del Congreso o Asamblea. Lo que pasó es que el Presidente era dueño del Consejo de Participación Ciudadana y lo manejó a su antojo”, afirmó.

Esta situación se buscaría corregir a través de la propuesta de referéndum, para que sea la Asamblea quien proceda a nombrar las autoridades dentro de un proceso que está incluido en la pregunta y que abarca la bicameralidad de la Legislatura. (I)

Fuente:www.lahora.com.ec

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