‘Sobornos’: 23,3 millones por reparación integral

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De pie, al costado derecho de la jueza nacional Daniella Camacho, el procurador Íñigo Salvador presentó los elementos de convicción en que sustenta su acusación particular por el caso ‘Sobornos’.

El funcionario precisó la cifra de 7’791.588 dólares como el perjuicio que habría ocasionado  esta presunta trama de corrupción en la que Fiscalía acusó por cohecho al expresidente Rafael Correa; al exvicepresidente, Jorge Glas; a los ministros Vinicio Alvarado, Walter Solís, María de los Ángeles Duarte; al exsecretario jurídico, Alexis Mera; a la asambleísta, Viviana Bonilla y otras 17 personas entre empresarios y colaboradores del régimen pasado.

Según Salvador, la reparación integral que pide el Estado por la afectación a la administración pública asciende a los 23,3 millones de dólares. La jueza Camacho será la encargada de ratificar o modificar esa cifra.

“Se cumplen a cabalidad cada uno de los elementos del delito de cohecho agravado”, dijo.

El funcionario agregó que, quienes habrían incurrido en esa infracción penal eran funcionarios públicos y representantes de compañías que, según dijo, se encargaron de entregar los aportes ilícitos que ayudaron a sostener al movimiento Alianza PAIS (AP) durante los 10 años que duró el régimen de Rafael Correa.

“Ahora nos podemos explicar por qué AP ganaba todas las elecciones”, señaló Salvador.

Agregó que los dineros que presuntamente inyectaron estas firmas particulares sirvieron para que esa agrupación política permaneciera presente en la memoria de los votantes, sin que esos rubros fueran reportados al Consejo Nacional Electoral (CNE).

La teoría que maneja la Fiscalía sostiene que dichos valores eran entregados a AP para financiar las elecciones presidenciales de 2013, en que triunfó el binomio Correa-Glas; y también la campaña de autoridades seccionales de 2014.

Los archivos Excel que, materializados del computador de Laura Terán, exasistente de Presidencia, revelaron que un sistema de codificación para identificar a funcionarios y empresarios.

Uno de los nueve archivos presentados por Procuraduría en la audiencia de preparatoria de juicio tenía una secuencia alfa numérica aparentemente compleja de descifrar. No obstante, Salvador aseguró que se identificó un juego de relaciones con el lugar que ocupan ciertas letras en el abecedario que, una vez resuelto, se reveló que esos códigos correspondían al expresidente Correa.

Así, en el código descifrado se entendería, según Salvador: “Dinero Revolución Ciudadana y Rafael Correa Delgado”.
Defensa
Calixto Vallejo, abogado de la asambleísta Bonilla, dijo que la exposición de la Procuraduría no evidenció participación alguna de su cliente en esta supuesta trama de sobornos.

Para él, se trataría de una “especulación por el hecho de que fue la candidata a la Alcaldía de Guayaquil” por el correísmo en 2014.

Vanessa Zavala, defensora de Vinicio Alvarado, dijo que el exsecretario de la Administración Pública no tenía la competencia, dentro de su cargo, para influir a que una empresa fuese beneficiada de la contratación pública. Aseguró que Alvarado no desempeñó ningún cargo en el área de los Sectores Estratégicos. (I)

 

Fuente:www.lahora.com.ec

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