ECU-911 atendió pedidos de Fiscalía por el paro

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Por un convenio que mantiene el ECU-911 con la Fiscalía General del Estado, el organismo de emergencia atendió 50 pedidos de videos, de jueces y fiscales, que registraron las cámaras para investigar los hechos que ocurrieron del 3 al 13 de octubre,  por las violentas manifestaciones que desencadenaron en actos vandálicos.

Juan Zapata, director nacional de esa institución, explicó que las grabaciones entraron en cadena de custodia, para seguir con los procesos investigativos.

Por estos actos, la Fiscalía ha iniciado investigaciones por el delito de rebelión a actores políticos. Existe una instrucción fiscal abierta por 120 días en contra de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón; el secretario ejecutivo del Movimiento Revolución Ciudadana, Virgilio Hernández; otro militante de esa agrupación, Christian González; y Pablo del Hierro. Los tres primeros guardan prisión preventiva.

egún Zapata, durante el último paro, el sistema de videovigilancia sufrió afectaciones. Entre los bienes están 80 cámaras en todo el país, 36 de ellas resultaron con daño total y otras con destrucción parcial. De esas, se han recuperado 44.

Para Zapata, exmiembro de la Policía Nacional, por las características en que se dieron los hechos, los ataques fueron planificados por bandas de “terrorismo urbano”.

En total, 1.125 cámaras se sumarán a las 4.638 que tiene el sistema de videovigilancia. El Plan de modernización del ECU-911 maneja una tecnología híbrida, entre china y americana.

Las necesidades del organismo obligaron a repensar una modernización. “Tuvimos que cambiar la plataforma informática y sistema de cámaras. Las nuevas adquisiciones irán conectadas a las bases de datos de la Policía Nacional, el Registro Civil y la Agencia Nacional de Tránsito”.

El funcionario informó que 430 tendrán capacidad para reconocimiento facial, 128 para identificación de placas de vehículos y el resto reforzarán la videovigilancia normal.

Sin precisar fecha para la operatividad, Zapata prevé que estén listas para el segundo semestre del próximo año, pues según dijo, el presupuesto de 91 millones de dólares todavía debe aprobarse.

“Tenemos georreferenciado hasta niveles de barrios. Está definido dónde colocar la cámara, de acuerdo al índice del delito”, dijo Zapata, quien explicó que esas cámaras son montables; es decir, pueden ser removidas de acuerdo al comportamiento y migración de las actividades ilícitas

Estos sistemas de reconocimiento facial podrían ser mal utilizados por quienes manejan el poder. Una investigación del The New York Times, difundida el pasado abril, reveló que durante el mandato del expresidente Rafael Correa, el ECU-911 fue utilizado con fines políticos y, que desde ahí, se espiaron a detractores de su régimen.

De acuerdo a la información, Mario Pazmiño, un coronel retirado del Ejército, fue espiado en 2013 desde una cámara del ECU-911, que se instaló cerca de su casa, situada en una zona residencial, donde no existen problemas de inseguridad. El lente apuntaba directamente al segundo piso del inmueble.

Previamente, el exmilitar de Inteligencia, criticó a Correa aduciendo de que su mandato era cómplice de las actividades relacionadas con el narcotráfico en el país.

Ante la opinión pública se dijo que el único fin del sistema era velar por el bienestar ciudadano y reducir los índices delictivos. Pero los videos del ECU-911, que opera desde 2011 y cuenta con 4.638 cámaras de videovigilancia, eran revisados no solo por la Policía, sino también por personal de la Senaín, quienes tienen acceso a los 16 centros de monitoreo, donde trabajan unos 3.000 operadores. La tecnología fue adquirida desde China. (i)

 

Fuente:www.lahora.com.ec

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