El 30% de personas está en las cárceles sin una sentencia

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Las historias se repiten en las 36 cárceles del país. A estos sitios ingresan a diario sospechosos con órdenes de prisión preventiva. Según datos del Servicio de Rehabilitación Social, de 39 440 presos en Ecuador, 11 767 se encuentran recluidos sin una sentencia. Eso significa que el 30% de internos, hasta el 14 de agosto pasado, no ha sido juzgado. Datos del extinto Ministerio de Justicia revelan que mensualmente ingresan a las cárceles 400 nuevos reclusos, pero salen menos de la mitad. Ese fue el caso de cuatro extranjeros, quienes están detenidos desde el pasado 6 de junio en la cárcel del Turi, en Cuenca. Un juez los procesó por tentativa de robo. Según las investigaciones, los sospechosos intentaron arrebatarle a una mujer USD 14 000 en efectivo a la salida de un banco, en Cuenca. Uno de ellos le apuntó con un arma de fuego, pero la víctima se resistió al asalto. Luego del forcejeo, uno de ellos le disparó en la pierna y huyó en una motocicleta. La Policía los persiguió y fueron capturados en Charcay (Cañar). Luego de casi dos meses, los cuatro detenidos esperan audiencia de juzgamiento. Debido a la cantidad de presos sin sentencia, el tiempo que demora en resolverse este tipo de juicios promedia un año. La Dirección de Rehabilitación realizó un pedido al Consejo de la Judicatura para que los jueces “agiliten” los procesos judiciales de personas que están recluidas con prisión preventiva. La idea es reducir el hacinamiento carcelario, que en junio alcanzó el 38,6%. La respuesta de la Judicatura llegó al pasado martes. La entidad dijo que los jueces penales tienen “una fuerte carga laboral” y que eso les dificulta acelerar los procesos judiciales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indicó, en un informe del 2017, que los jueces deben dar prioridad a los trámites y audiencias de los procesados que están en las cárceles. El año pasado, la Defensoría del Pueblo enfatizó, en un informe, que en los centros de rehabilitación social hay un alto porcentaje de personas procesadas sin contar con una resolución judicial. Ese es el caso de 16 personas, detenidas en diciembre pasado por almacenar ilegalmente un millón de camaretas en un inmueble de Guayaquil. Ocho meses después, el caso sigue en trámite y ellos, detenidos. En el 2009, las autoridades lanzaron la campaña denominada ‘Cero presos sin sentencia’. Con esa iniciativa se redujo la población penitenciaria, de 18 6750 a 11 279. Pero para el 2013 la cantidad de privados de libertad aumentó a 24 203. La Defensoría del Pueblo analizó el crecimiento de la población carcelaria en los últimos 10 años. En su informe, de febrero del 2019, la entidad concluye que la población penitenciaria se triplicó y con ello aumentó el hacinamiento y la inseguridad dentro de las cárceles. La Defensoría también dice que no hay espacios separados para los sentenciados y los que cumplen prisión preventiva; ese hecho dificulta un proceso de rehabilitación. Según las autoridades, otra de las causas para el incremento de la población carcelaria se da porque los jueces no aplican medidas alternativas a la prisión en delitos leves. En abril pasado, una joven universitaria sustrajo una blusa de un local. Al salir del lugar fue descubierta y la Policía la detuvo. En la audiencia de flagrancia, un juez ordenó prisión preventiva y fue llevada al centro de rehabilitación de Cotopaxi. Sobre este tipo de casos, la CIDH señala que en 15 países de América Latina, entre estos Ecuador, hay un abuso de la prisión preventiva y que los operadores de justicia no recurren a otras medidas como ordenar la presentación periódica de los sospechosos o prohibirles salir del país. Ese organismo dice que además estas prisiones se aplican de forma prolongada y los presos permanecen recluidos más tiempo de lo que establece la ley. En el Ecuador, el Código Penal (art. 541) dice que los internos no pueden estar encarcelados más de seis meses por delitos sancionados con hasta cinco años de cárcel ni más de un año cuando la pena es superior a cinco años de reclusión. Para los jueces, el riesgo de mantener a los sospechosos detenidos sin una resolución es que las prisiones preventivas “caduquen”, estos recuperen su libertad y los casos queden en la impunidad. La Defensoría Pública aseguró a este Diario que los jueces actualmente tienen una alerta que les notifica con un mes de anticipación cuando una prisión está por caducar. Si esto ocurre, la autoridad judicial puede ser destituida.(I)

Fuente:www.ElComercio.com

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