Colectivos protestan por maternidad forzada en niñas que son abusadas

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Pupitres vacíos con historias de niñas que dejaron la escuela para dedicarse a ser madres se instalaron este m iércoles 29 de mayo en el parque Calderón, de Cuenca, a manera de protesta contra la maternidad forzada en niñas menores de 14 años. Esta problemática convocó a colectivos de Cuenca y de Quito, Guayaquil y Ambato a unirse a la estrategia denominada “Son niñas, no madres”. Esta iniciativa busca garantizar que las menores no sean obligadas a tener hijos producto de una violación, que ocurre en el 80% de los casos, y que el Estado garantice su protección y les permita decidir sobre su cuerpo. Mientras se presentaba esta estrategia en Ecuador, en Nicaragua, Guatemala y Perú se plantearon acciones similares. Además, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, recibió la denuncia de cuatro mujeres de esos países violadas en su infancia y a quienes no se les permitió elegir otra opción. Una de ellas es Norma, de Ecuador, quien a sus 13 años fue víctima de violación por parte de su padre; producto del incesto quedó embarazada, sin que el Estado le diera la opción de abortar, a pesar de que la gestación ponía en riesgo su salud. Los cuatro casos fueron presentados este miércoles 29 de mayo en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en un litigio único que ilustra uno de los más dolorosos estigmas de América Latina, la única región del mundo donde aumenta la violencia sexual contra las niñas. La demanda en contra de los Estados en los que se registraron las violaciones -Guatemala, Ecuador y Nicaragua- la llevan Ginebra Planned Parenthood Global, una organización por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, otras seis asociaciones de la región y el Centro de Derechos Reproductivos estadounidense. La acción pretende impulsar una reforma legal. Los derechos que el comité de la ONU declare violados crearán estándares para todos los Estados que han ratificado el pacto de derechos civiles y políticos. Se prevé que se soliciten medidas generales para cambiar la situación legal en el territorio. “Esto se puede traducir en una despenalización del aborto en Nicaragua o protocolos de implementación en Guatemala”, señala Catalina Martínez, directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos. “Los Estados tendrán que cumplir los estándares que dicte el comité”, explica Ximena Casas, de Planed Parenthood Global.(I)

Fuente:www.eltelegrafo.com.ec

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